La Procuraduría General de la República (PGR) certificó que las cinco personas, tres niños y dos mujeres, que resultaron muertas en la sierra de Sinaloa, por disparos de elementos del Ejército, no accionaron ni portaban ningún tipo de arma de fuego.
A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que solicitó a la Dirección Nacional de Justicia Militar que rindiera un informe sobre la situación jurídica que guardan los tres oficiales y 16 miembros de tropa que participaron hace una semana en los hechos registrados a dos kilómetros del poblado de la Joya de los Martínez, en la zona de Sinaloa de Leyva.
La madrugada del día primero, los ocupantes de una camioneta Ford, matrícula TW 88923, conducida por Adán Albel Esparza Parra, de veintinueve años de edad, que procedían del poblado serrano de Ocorahui, donde se realizó una reunión de evaluación de maestros rurales, fueron víctimas de disparos de elementos del 24 Batallón Motorizado, los cuales argumentaron que no respetaron el alto para una inspección.
A raíz de los hechos, perdieron la vida, Griselda Galaviz Barraza, sus tres hijos menores, Griselda Adanay, Ewvin Leonel, Juana Diomirely y Alicia Esparza Parra y resultaron lesionados, Adán Abel Esparza, Teresa de Jesús Flores Sánchez y el menor, Josué Duval Carrillo Esparza. En el comunicado de la CNDH se establece que se requirió a las autoridades militares copia certificada de los resultados del examen de laboratorio efectuado a los 19 elementos castrenses involucrados, relativos a posibles consumos de bebidas de contenido alcohólico o drogas.
Por su parte, el ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, expuso que en la inspección ocular que se practicó un día después de los acontecimientos, se logró precisar que la camioneta presentaba siete disparos en el parabrisas y el resto a los costados, con lo que se descarta que el conductor no acató el alto.
