Acusan a la mina de carbón de Drummond Co. Inc. de usar a paramilitares para mantener bajos sus costos laborales por medio de asesinatos en Colombia. (Archivo)
El autobús acababa de salir de la mina de carbón de Drummond Co. Inc. con unos 50 trabajadores cuando hombres con fusiles lo detuvieron y sacaron a la fuerza a dos dirigentes sindicales. Ahí mismo a uno le dispararon cuatro tiros en la cabeza y al otro se lo llevaron para torturarlo y asesinarlo.
En un juicio civil que comienza el lunes ante un jurado federal estadounidense en Birmingham, Alabama, abogados del sindicato han presentado declaraciones juradas de dos personas que sostienen que Drummond ordenó esos asesinatos, una acusación que la empresa rechaza.
La compañía bananera Chiquita reconoció haber pagado a las milicias derechistas llamadas paramilitares para proteger sus instalaciones en Colombia. Activistas de derechos humanos aseguran que esas prácticas eran habituales entre las multinacionales en Colombia y que Drummond fue aún más lejos al usar a los milicianos para mantener bajos sus costos laborales por medio de la violencia.
El caso de Drummond, dicen ellos, es su mejor oportunidad para que esas denuncias sean escuchadas en un Tribunal. El sindicato ha presentado declaraciones juramentadas en el Tribunal en Alabama de dos personas que dicen que estuvieron presentes cuando el presidente de Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, le entregó una gran suma de dinero a representantes del jefe paramilitar local. Ellos aseguran que el dinero era para los asesinatos del diez de mayo de 2001 de dos líderes sindicales de Sintramienergetica, Valmore Locarno y su subalterno Víctor Orcasita.
Dirigentes sindicales, antiguos soldados del Ejército y ex combatientes paramilitares también aseguran que Drummond, una empresa familiar que en la década de los noventa trasladó sus operaciones al norte de Colombia, pagó y suministro víveres a los paramilitares como política de la empresa.
Drummond insiste en que ninguna de las acusaciones es cierta. “Drummond no pagó a ningún paramilitar o cualquier grupo ilegal o clandestino”, dijo Drummond. Altos ejecutivos de la empresa declinaron hacer declaraciones.
Rafael García, ex director de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia de Inteligencia, dijo en una declaración juramentada que vio a Jiménez entregar una maleta de dinero a comandantes paramilitares para “asesinar específicamente a los líderes sindicales”, nombrando a Locarno y Orcasita. García está en prisión por borrar los registros del DAS de varios narcotraficantes.
El ex combatiente paramilitar Alberto Visbal dijo en una declaración jurada que vio a Jiménez pagarle a su jefe, conocido por el alias de “Julián”, 200 mil dólares.
