Continúan causando controversia los permisos para vender más alcohol en Canatlán.
Demandan comerciantes la intervención del Gobernador del Estado para frenar irregularidades
CANATLÁN, DGO.- Desilusiona el Ayuntamiento al convertirse en el principal promotor de las empresas cerveceras. A cambio de dinero les entrega el sobre del mercado local, dejando a los comerciantes del ramo en desventaja competitiva.
A la vez el cuerpo edilicio –a dos días de concluir su gestión administrativa- pone en serio riesgo la seguridad y tranquilidad de la sociedad al incrementar en un 30 por ciento el número de licencias para venta de bebidas embriagantes en la cabecera municipal.
Ante esta situación, la Unión de Comerciantes en Vinos, Licores y Cerveza de Canatlán condena la falsedad con que se condujo el alcalde Rafael Díaz Irigoyen y los miembros del Cabildo, quienes con tal de llenarse los bolsillos de dinero no les importó afectar al municipio.
El final de la administración de Díaz Irigoyen queda manchado por la autorización de ocho licencias para venta de vinos y licores, las cuales vendió a las cerveceras en 105 mil pesos, cuando dos patentes anteriores las negoció a 120 mil.
Se condujeron con mentiras los miembros del Cabildo al señalar que analizaban las solicitudes de licencias, cuando no había tales, ellos las pusieron a la venta para cubrir su finiquito, aunque argumentan que fue para pagar a proveedores.
Manuel Jesús Ávila Galindo, dirigente de la Unión de Comerciantes, señala que el Municipio les adeuda aproximadamente 45 mil pesos y aún no pagan; asimismo, el Cabildo está incurriendo en violaciones a la Ley de Control de Bebidas con Contenido Alcohólico.
La ley señala que cuando se genera inconformidad en la ciudadanía se deben cancelar las licencias solicitadas; además, los expedientes de las empresas morales que adquieren esas patentes están incompletos y, por si fuera poco, los funcionarios están impedidos para obtener permisos hasta después de un año de haber dejado el cargo, lo cual también se violó, ya que el regidor Miguel Graciano, presidente de la Comisión de Alcoholes, se adjudicó una licencia, entre otros.
Ávila Galindo recibió el apoyo de la Federación de Comerciantes en Vinos, Licores, Cerveza y Conexos del Estado de Durango, quienes solicitan la intervención del Gobernador del Estado para frenar esta irregularidad en el municipio de Canatlán.
Palabra incumplida
Desde hace varios días el Cabildo autorizó las ocho patentes para ofrecerlas en venta a las cerveceras Carta Blanca y Corona, empresas que pagaron alrededor de 105 mil pesos por cada una.
Además, hay otras licencias que se autorizaron los funcionarios como el regidor Miguel Graciano; ya tenían el dinero en mano. Por eso, a pesar del descontento generado en la ciudadanía, no dieron marcha atrás, asegura Manuel Jesús Ávila, de la Unión de Comerciantes.
La palabra de Rafael Díaz Irigoyen no se cumplió en el sentido de no permitir más licencias en Canatlán; ese ramo ha sido un negocio muy fructífero en dinero para los funcionarios municipales, añade Manuel Ávila.
Hoy rendirá su tercer Informe Díaz Irigoyen; prácticamente termina su administración. No hay forma de echar atrás las licencias, por lo que será la próxima administración la que decida al respecto si las valida o no, concluye.
