“Una de las características de las naciones libres y democráticas es tener sindicatos libres e independientes”.
Franklin D. Roosevelt
Podría ser el principio del fin de Napoleón Gómez Urrutia. La semana pasada se llevaron a cabo elecciones en seis plantas mineras bajo una estrecha vigilancia de la Secretaría del Trabajo y de representantes de dos grupos que se disputaban el respaldo de los mineros.
El resultado fue contundente. Cuando menos el 96 por ciento de los alrededor de 4,000 mineros que votaron en Santa Bárbara, Chihuahua; Nueva Rosita, Coahuila; La Caridad y Planta de Cal, Sonora; y dos plantas en San Luis Potosí, optó por adherirse al nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficios a las Minas de la República Mexicana, dirigido por Juan Manuel Zapata Garza.
Ni la Secretaría del Trabajo, que supervisó la elección, ni la Junta Federal de Arbitraje, que hizo el recuento, han dado a conocer los resultados oficiales hasta este momento. Sólo conocemos las cifras reveladas por el nuevo sindicato que busca la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. Pero el tradicional Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, sin dar sus propios resultados, ha señalado que promoverá amparos en contra del proceso y buscará el apoyo de instancias internacionales para defender la titularidad de los contratos colectivos de trabajo que tradicionalmente ha controlado. Esta protesta sugiere que el resultado de la votación le fue adverso. Las cifras del sindicato de Zapata García, de hecho, no han sido cuestionadas públicamente hasta ahora.
Carlos Pavón, secretario de acción política del Sindicato de Gómez Urrutia, convertido en principal vocero de la agrupación en un momento en que el líder se encuentra en Canadá para evadir un arresto en México por un supuesto fraude en agravio de un grupo de trabajadores, ha señalado que la votación fue fraudulenta. Pavón ha señalado que la presencia de inspectores de la Secretaría del Trabajo y de representantes de las empresas involucradas, parte del Grupo México, intimidó a los mineros.
El voto, es cierto, se llevó a cabo como se suele hacerse en elecciones sindicales. Los mineros se identificaron, frente a líderes de los dos sindicatos y ante un representante de la Secretaría del Trabajo. Un representante de la empresa certificó que el minero era efectivamente trabajador de la empresa. Entonces cada minero votó verbalmente.
No es el mejor de los sistemas, pero así o de forma similar han sido siempre los comicios en los sindicatos de nuestro país. Hoy el Sindicato Minero de Gómez Urrutia cuestiona el procedimiento, pero no lo ha hecho cuando ha ganado los comicios.
Es muy prematuro decir que está a punto de acabarse el viejo control de los Napleones –Gómez Sada y Gómez Urrutia— sobre los mineros de nuestro país el cual empezó en 1962. Los cerca de cuatro mil trabajadores que han votado ahora por separarse del sindicato oficial representan solamente un 13 por ciento de los mineros del país. El propio Zapata Garza ha señalado que no piensa reclutar mineros en otras minas.
La rebelión en contra de Gómez Urrutia, sin embargo, se extiende por distintas regiones del país. Además del movimiento de Zapata, ha tomado fuerza otro encabezado por Francisco Hernández Gámez, un minero de Cananea, que parece gozar también del respaldo mayoritario de los trabajadores de esa mina.
El problema de fondo, sin embargo, no radica en la suerte de Gómez Urrutia o del Sindicato Minero. Tenemos un sistema sindical que ha hecho ricos a los líderes sindicales y pobres a los trabajadores. La raíz de esta situación es el Artículo 28 de la Constitución, que exenta a los sindicatos de la prohibición constitucional a los monopolios. Esta exención, supuestamente hecha para favorecer a los trabajadores, ha convertido en mafias a nuestros sindicatos.
Lo lógico, lo sano, sería modificar el Artículo 28 de la Constitución para eliminar esa exención de los sindicatos a la prohibición contra los monopolios. Si eso no se puede hacer, hay que considerar a los sindicatos como entes de interés público, de manera que sus elecciones sean objeto de escrutinio público. Estas elecciones deben contar con una especie de IFE que garantice que sus elecciones tengan sufragio libre y secreto.
Por otra parte, toda la contabilidad de los sindicatos debe darse a conocer públicamente, a fin de que termine, de una vez por todas, el robo descarado que los líderes hacen del dinero de los trabajadores. Los dirigentes de los sindicatos, sin embargo, no aceptarán estas reformas porque saben que los sindicatos son un negocio demasiado jugoso.
REFORMA Y CRECIMIENTO
Dice el presidente Calderón que el crecimiento económico del país será inferior si no se aprueba la reforma fiscal. Pero no se entiende por qué quitarle 115 mil millones de pesos al sector más productivo, los contribuyentes, para entregárselo al más improductivo, el Gobierno, ayudaría a promover un mayor crecimiento. Por el contrario, es probable que si se aprueba esta reforma fiscal tengamos un menor crecimiento. En estas circunstancias, lo que debe hacer el Gobierno es prestarle atención a López Obrador, que pide un recorte a fondo de los gastos superfluos del Gobierno, que siguen siendo considerables.
