Expertos proponen que los defensores del pueblo adquieran una jerarquía equivalente a la de los secretarios de Estado. En la imagen el ombudsman José Luis Soberanes y el presidente Felipe Calderón. (El Universal)
Expertos consideran que la CNDH en México tiene un nivel ‘medio’ de desempeño, porque algunas autoridades hacen caso omiso a sus recomendaciones y no son sancionadas.
Los defensores públicos de derechos humanos en América Latina son vulnerables a presiones políticas; la mayoría tiene poco presupuesto y enfrenta el hostigamiento, el rechazo, el aislamiento y la confrontación con los gobiernos.
A esta situación hay que agregar otra: hasta ahora, la mayor parte de la población en el continente desconoce cuáles son sus derechos humanos, aseguraron expertos del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo.
Para cambiar ese panorama, el programa, que trabaja junto a la Federación Internacional de Ombudsman (FIO), propuso que los defensores del pueblo adquieran una jerarquía equivalente a la de los secretarios de Estado y que los funcionarios que hagan caso omiso a sus recomendaciones u obstaculicen su labor sean sancionados penalmente.
Datos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) indican que en 16 países los encargados de velar por los derechos de las personas son designados por sus congresos, mientras que en siete países los ombudsman carecen de autonomía, pues en su designación aún interviene el Poder Ejecutivo.
A nivel regional, la FIO y la IIDH consideran que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México tiene un nivel “medio” de desempeño, pues a nivel federal goza de autonomía constitucional, tiene presencia en todo el territorio y su presupuesto es adecuado, pero algunas autoridades hacen caso omiso a sus recomendaciones y no existe la posibilidad de que sean sancionados por ese motivo.
En el Manual de Buenas Prácticas Institucionales de las Defensorías de Iberoamérica se señala, con relación a la CNDH, que “existe una gran organización para tan escaso número de quejas, pero su papel es trascendental y hay que destacar su estrategia de difusión y comunicación”.
Según este reporte, la comisión a cargo de José Luis Soberanes, recibe, en promedio, 5 mil 500 quejas al año, mientras que países como Perú tienen en el mismo periodo 18 mil quejas contra servidores públicos.
La organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., que realiza un monitoreo del papel del ombudsman en México, considera que la actuación de la CNDH a nivel regional es rebasada por otras instituciones como la de Perú donde se le da una mejor solución a las quejas y menos peso a la conciliación.
En un nivel de “excelencia”, de acuerdo con los reportes de ambos organismos, está la Defensoría de los Habitantes, en Costa Rica, pues, por Ley, tiene la facultad de sancionar el incumplimiento de las recomendaciones y mantiene abiertos los expedientes de queja hasta que el quejoso queda satisfecho.
Además, tiene la facultad de citar a los funcionarios públicos para que comparezcan personalmente y, si no lo hacen en el día y la hora indicada, los servidores públicos están obligados a acudir aún mediante el uso de la fuerza pública.
Desde el punto de vista de los expertos que elaboraron dicho manual para la FIO, “estas medidas son efectivas ante el silencio o pasividad de las autoridades”.
Pero la Ley en Costa Rica va más allá, pues si un funcionario no presenta un informe periódico sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Defensoría, el funcionario incurre en el delito de desobediencia y se hace acreedor a una amonestación, y en caso de incumplimiento reiterado, se puede sugerir su despido.
El reporte establece que la Defensoría del Pueblo de la República de Paraguay es la que atraviesa por una situación más difícil que el resto de las oficinas en el continente, pues se creó en el 1992 pero hasta octubre de 2001 fue designado su titular por la Cámara de Diputados y hasta enero de 2002 pudo conformar su equipo de trabajo, pero sólo pudo acceder al 49% del presupuesto que se le había asignado y carece de insumos básicos como discos compactos para almacenar datos.
La radiografía
La lucha en favor de los derechos humanos en América Latina inició tras las dictaduras como una forma de evitar que se repitieran violaciones a las garantías fundamentales.
En 1976 se creó la primera defensoría en Trinidad y Tobago para defender a los ciudadanos ante el abuso del poder.
Laura Villalba Benítez, académica del Instituto Nacional de Administración Pública de la Universidad de Alcalá, en España, en su libro “La tutela de los derechos fundamentales y el defensor del pueblo”, destaca que “el desconocimiento por parte de los ciudadanos de América Latina de sus propios derechos es uno de los principales desafíos de los ombudsman latinos de la región”.
Destaca que estos organismos, además, se enfrentan a la politización o pérdida de independencia, a la falta de recursos y a la burocratización.
En el manual elaborado para la FIO, los expertos destacan que los ombudsman sufren presiones políticas al influir en el proceso de designación o al otorgar presupuesto, y en varios casos, los recursos económicos se redujeron en los últimos años.
Proponen que, para revertir la situación, los defensores públicos de derechos humanos tengan un rango similar a la de un secretario de Estado y que puedan utilizar la presión política internacional para defenderse del acoso de los poderes gubernamentales u otras instancias públicas o privadas.
Sugieren también establecer sanciones penales a las autoridades que tengan una actitud hostil o entorpecedor de las funciones de la defensoría, que se pueda ampliar su labor en el análisis de las políticas públicas y que haya una coordinación más estrecha entre defensorías y las Organizaciones No Gubernamentales.
