Entramos en la tercera semana desde que la controversia constitucional que el Municipio puso contra la Secretaría de Desarrollo Regional (SDR) entrara en fase crítica con la suspensión de obras ordenada por la Suprema Corte de Justicia y se desatara una tormenta mediática que ha puesto los reflectores sobre los dos niveles de gobierno y su incapacidad para trabajar de forma coordinada.
La Corte apenas regresa de vacaciones y no sabemos cuándo retomará el caso. Nadie, excepto los once ministros, tiene la verdad sobre la validez constitucional de la SDR y si viola o no la autonomía municipal. Pero hay realidades que debemos tener en cuenta mientras se dirime el litigio y en el futuro.
Una es que la SDR sigue trabajando en Torreón y en los cuatro municipios de La Laguna coahuilense, en donde los recursos estatales tienen más impacto que en esta ciudad. La otra realidad es que la Corte puede validar la SDR, en cuyo caso será necesaria la cohabitación con el alcalde José Ángel Pérez, quien insiste que la secretaría viola su esfera de competencia.
Una tercera realidad es que la ciudad, como toda La Laguna, está urgida de recursos estatales que se ejerzan con eficiencia. A pesar de las buenas intenciones del alcalde, es muy probable que el Ayuntamiento de Torreón no tenga la capacidad de realizar la obra del Estado, aparte de la que ya hace por su cuenta.
Como una manera de despresurizar el ambiente y ante la posibilidad de que la SDR continúe, el gobernador Humberto Moreira debe buscar la mejor forma de hacer que conviva productivamente con los ayuntamientos laguneros. Una forma sería crear un mecanismo de inclusión de los alcaldes de la Comarca en la secretaría. No es normal que una secretaría estatal tenga un cuerpo de este tipo, pero también es cierto que la SDR no es una estructura típica en el Gobierno del Estado, sino más bien inusual.
Un comité que obligue al secretario de Desarrollo Regional a informar a los alcaldes de los proyectos que conciba como requisito para iniciarlos sería una forma de eliminar la duplicidad de funciones que impugna el alcalde José Ángel Pérez y en la que el secretario Olmos ha incurrido al no informar sus decisiones al municipio. Ese mecanismo podría alertar sobre áreas en donde puedan empalmarse acciones de gobierno.
Moreira podría incluso sugerir un mecanismo similar mientras la controversia está en curso, como una forma de acercarse al alcalde de Torreón. El gobernador no puede pretender que la SDR funciona en un vacío. De la misma forma, José Ángel Pérez no puede pretender que Torreón está aparte del resto de La Laguna coahuilense, ni caer en actitudes como negarse a reuniones con Olmos.
Se puede argumentar que la SDR realiza las mismas funciones que otras secretarías estatales en el pasado y que nadie había impugnado. También se puede decir que la SDR es un organismo que hace lo que quiere sin sentir la necesidad de informarle a nadie.
El fondo ineludible es que este problema amenaza con desacelerar el desarrollo económico de Torreón, que requiere infraestructura e inversión para ir a la par de otras ciudades mexicanas. Algo debe hacerse.
Éstas son opiniones, pero nadie ha dicho la última palabra sobre la SDR y tanto Humberto Moreira como José Ángel Pérez deben tener una estrategia en caso de que la Corte otorgue el visto bueno a la secretaría.
El fondo ineludible es que este problema amenaza con desacelerar el desarrollo económico de Torreón, que requiere infraestructura e inversión para ir a la par de otras ciudades mexicanas. Algo debe hacerse.
