El sainete creado desde ya hace varios días por la información generada desde la Procuraduría de Justicia del Estado en la que liberó una orden de presentación en contra de Manuel Gómez Parra, quien ocupaba un cargo en tercer nivel en cuanto al grado de responsabilidad cuando la construcción del DVR, cada vez está subiendo más de tono. Digamos que políticamente está llegando a color hormiga.
La semana pasada ya se había comentado que ciertamente nadie se puede creer eso que el secretario de Obras Públicas de entonces, Jorge Viesca, saliera sin responsabilidad alguna respecto a la porquería que terminó siendo la obra del tristemente célebre Distribuidor Vial Revolución. Recuerdo que Viesca decía que al DVR nadie lo iba a tirar a periodicazos, en alusión clara a los reportajes que en aquel entonces publicó El Siglo de Torreón sobre los puentes, cuando los accidentes que costaron vidas humanas, denotaban claramente que algo andaba mal.
Cobardemente Viesca, que en ese tiempo tenía el poder del Gobierno y por ello los paleros ocasionales de siempre, emprendió personalmente una campaña contra la reportera que en ejercicio de su profesión, había firmado la información que hoy ya nadie discute: los viaductos tenían defectos estructurales profundos y el remedio era la demolición de los mismos.
Así pues es claro que el tema se ha calentado a lo máximo, esto es porque el alcalde de Torreón permite que gente de su Administración auspicie manifestaciones en contra del Gobierno Estatal, para protestar por los pasos que el Estado ha dado en cuanto a la imputación de responsabilidades por la obra. José Ángel fue más allá, declarando que el procurador Jesús Torres había hecho una averiguación más política que jurídica.
Vino entonces la reacción del Moreira y compañía, que reviraron al presidente municipal, cuestionando el por qué Pérez no había hecho nada en cuanto a la seguridad de los usuarios que utilizaron el DVR cuando a todas luces se corría peligro y que tuvo que ser el propio gobernador y no el alcalde, quien ordenara su cierre definitivo.
Los comentarios de Eduardo Olmos vienen siendo como una repetidora de las órdenes de Saltillo, por eso tienen poco valor para comentar. Olmos al igual que José Ángel tienen en su cabeza otros horizontes que les impide desenvolverse con total libertad en sus funciones: Eduardo es quien Humberto Moreira ha decidido será el candidato del PRI a la presidencia municipal en Torreón en 2009, mientras José Ángel Pérez está pensando cómo impedir que Guillermo Anaya le vaya a ganar la candidatura para la gubernatura en 2011.
Lo grave es que la terquedad reiterada de Pérez Hernández lo está llevando al peor escenario, ya abrió la boca para decir que el municipio no permitirá la demolición del distribuidor hasta que los responsables que todos sabemos que faltan –Jorge Viesca y el ex gobernador Enrique Martínez y Martínez- se les finque también imputaciones con consecuencias jurídicas, por lo que para que no quede como un simple bocón, habrá de asirse con pie firme de su dicho, ya no se puede rajar.
Y la cosa sigue peor, su obcecada visión y el torpe desempeño de la Administración municipal en varias áreas (alumbrado y obras, entre las más visibles), versus el oficio político, la lana –el Estado de Coahuila, por ley tiene 20 veces más presupuesto que el municipio de Torreón- y las mañas con las que cuenta el profesor Moreira, hacen previsible que el primero de enero de 2010, sea Eduardo Olmos quien se siente en la silla que hoy ocupa el propio Pérez, desapareciendo la presencia del PAN en el poder y con ello, se quedará sentenciada la continuidad del PRI en el Gobierno del Estado en el sexenio siguiente al actual, con ello sería Anaya, Saro o el propio Pérez, un candidato perdedor más del PAN para el Gobierno del Estado. Al tiempo pues.
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