El número de personas que fallecieron el dos de octubre de 1968 sigue siendo motivo de múltiples especulaciones. (Archivo)
La matanza de Tlatelolco no es un hecho registrado en la historia oficial de México. El encubrimiento por décadas hizo imposible que se esclarecieran los hechos.
Eran las seis de la tarde y dos helicópteros sobrevolaban la Plaza de las Tres Culturas; de los cuatro oradores programados, dos ya habían hecho uso de la palabra. Diez minutos después, un par de luces de bengala fueron disparadas seguidas de una ráfaga de armas de fuego automáticas. En cuestión de segundos, en la plaza se generalizó la balacera.
Estudiantes, trabajadores y amas de casa que asistieron al mitin como muestra de apoyo corrieron tratando de salir de ese lugar que el Ejército tenía cercado. Atrapados, algunos se tiraron al piso, otros buscaron protección detrás de los automóviles estacionados. Mucha gente logró huir, algunos se toparon con soldados que los detuvieron, otros más quedaron tendidos en el suelo, muertos o heridos.
Al interior de los edificios contiguos, sobre todo el Chihuahua, en donde fue ubicado el presidium del mitin, a los “hombres del guante blanco” se les vio detener, golpear y disparar en contra de los estudiantes. La masacre del 2 de octubre de 1968 duró más de dos horas.
En cuatro días se cumplen 40 años de estos hechos y a pesar del tiempo las preguntas siguen siendo las mismas: ¿cuántas personas murieron?, ¿quién inició los disparos?, ¿quién ordenó un ataque de esa magnitud?, ¿quiénes eran los hombres del guante blanco?
Una Comisión de la Verdad independiente creada en 1993 y una Comisión Especial conformada por legisladores de la Cámara de Diputados en 1998 fracasaron en su intento por acercarse a una conclusión definitiva; la primera por falta de recursos, la segunda por falta de evidencias.
Tampoco arrojó esas respuestas la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado creada en 2001 por Vicente Fox, quien como primer presidente de la alternancia se comprometió a esclarecer los crímenes del régimen autoritario. El Informe a la Sociedad Mexicana, que aspiraba a convertirse en la versión oficial de los hechos, no alcanzó el consenso necesario para que su contenido se asumiera como tal.
El documento fue difundido el 18 de noviembre de 2006 -días antes de que concluyera la Administración foxista- en la página Web de la Procuraduría General de la República, sin el respaldo gubernamental y en medio de cuestionamientos de sus propios autores, quienes denunciaron modificaciones al texto original.
Incluso la Secretaría de Educación Pública ha omitido incluir la masacre de Tlatelolco como parte de la historia reciente de México. La única referencia en los Libros de Texto Gratuito es de ocho palabras incluidas en el texto de historia para cuarto grado de primaria: “1968. Movimientos estudiantiles de México y el mundo”.
¿Cuántos murieron?
El número de personas que fallecieron aquella noche sigue siendo motivo de múltiples especulaciones.
La investigación de cinco años realizada por la Femospp no fue capaz de establecer un número oficial de muertos. El Informe Histórico se limitó a reproducir las cifras proporcionadas en documentos desclasificados y algunos trabajos periodísticos como los de John Rodda, reportero del periódico The Guardian que en 1968 se encontraba en México para dar cobertura a los Juegos Olímpicos.
El aporte más consistente de la Femospp es una lista de 32 víctimas que se encuentran registradas en documentos de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones y Políticas Sociales (DGIPS), organismo que dependía de la Secretaría de Gobernación encargado de recabar información sobre las actividades de grupos “disidentes”.
Aunque la lista está sustentada con actas de defunción y las fichas de la DGIPS y DFS, los autores del informe aclaran que la cifra es sólo una de las muchas que se mencionan.
Pero incluso los documentos desclasificados por la DFS son poco confiables. Un informe con fecha del 4 de octubre de 1968 y firmado por Fernando Gutiérrez Barrios, entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad, indica que el número de muertos en Tlatelolco fue de 26.
Otro documento del mismo organismo titulado Personas que Resultaron Muertas Durante el Problema Estudiantil –fechado el 16 de octubre– eleva la cifra a 27. No obstante, llama la atención que una de las víctimas aparezca con fecha de defunción del 27 de octubre, es decir, 11 días después de que el informe fue redactado.
Finalmente, en un documento fechado el 31 de enero de 1969, tres meses después de los hechos, la DFS informó que el número de muertos ascendió a 28.
Por la parte estudiantil, el Consejo Nacional de Huelga dijo el 5 de octubre de 1968 que habían muerto 190 personas. La cifra fue calificada en su momento como exagerada por el entonces procurador general, Julio Sánchez Vargas, pero en ella coinciden otras instancias.
La Embajada de Estados Unidos en México también cifró entre 150 y 200 el número de muertos, en un reporte fechado el 24 de marzo de 1969 que en 1997 fue entregado al centro de investigación independiente con sede en la Universidad George Washington, The National Security Archive. El mismo número aparece en las versiones de periodistas como la italiana Oriana Fallaci, quien resultó herida esa noche.
Actualmente, ante la falta de un esfuerzo nacional por conocer el número de muertos en la Plaza de las Tres Culturas, The National Security Archive mantiene en México un proyecto titulado Los muertos de Tlatelolco.
Luego de ocho meses de hurgar en los documentos desclasificados por la Sedena, DFS, DGIPS y Semefo, los investigadores de este instituto lograron conformar una lista –dada a conocer en octubre de 2007– de 44 muertos, de los cuales 10 permanecen sin identificar.
De acuerdo a la investigación –disponible en la dirección www.muertosdetlatelolco.blogspot.com–, una de las más serias hasta el momento, cada uno de estos 44 casos se encuentra documentado en reportes oficiales desclasificados. Asimismo, mantienen abierta una convocatoria para que familiares de personas asesinadas aquella noche, proporcionen más información vía Internet.
¿Quién ordenó disparar?
“Entre las seis y las ocho de la noche, el general Crisóforo Mazón Pineda me pide autorización para registrar los departamentos donde todavía los francotiradores hacían fuego a las tropas. Habían transcurrido unos 15 minutos cuando recibí el llamado telefónico del general Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, quien me dijo: Mi general, yo establecí oficiales armados con metralleta para disparar contra los estudiantes”.
Aunque breve, esta afirmación del ex secretario de la Defensa Nacional Marcelino García Barragán, contenida en el libro Parte de Guerra de Julio Scherer y Carlos Monsiváis (1999), proporciona una respuesta en torno al origen de los francotiradores apostados en edificios contiguos a la Plaza de las Tres Culturas y el origen de los disparos.
De acuerdo a García Barragán, Oropeza le informó que dos de sus hombres no habían logrado salir de los edificios en los que habían sido ubicados y temía por sus vidas ya que elementos del Ejército estaban a punto de allanar el lugar.
“Pasaron diez minutos cuando me informó el general Mazón que ya tenía en su poder a uno de los oficiales del Estado Mayor Presidencial y que al interrogarlo le contestó que tenía órdenes, él y su compañero, de disparar contra la multitud” agrega.
El texto escrito a partir de las memorias del ex secretario de la Defensa Nacional contradice la versión del Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, según la cual habían sido los estudiantes quienes dispararon en contra del Ejército.
Según un informe elaborado por el entonces procurador Sánchez Vargas, antes de comenzar el mitin los integrantes del CNH llevaron a cabo una reunión en la cual acordaron la creación de cinco “columnas de seguridad” que fungirían como “grupos de choque”.
El informe, conocido como el Libro Azul, asegura que la consigna de estos grupos, cuyos integrantes estarían armados, era abrir fuego en cuanto llegaran granaderos y el Ejército a tratar de disolver el mitin. Según el documento, los francotiradores fueron colocados por el Consejo Nacional de Huelga.
Sánchez Vargas menciona como prueba la herida del general José Hernández Toledo, quien recibió un disparo en el tórax cuando conminaba a los asistentes a guardar la calma, así como las confiscaciones que según la PGR se realizaron días después en los edificios de Tlatelolco: 1,081 bombas incendiarias, 3 subametralladoras, 15 rifles, escopetas, 4 carabinas, 41 revólveres, 7 cajas de cartuchos de diversos calibres, entre otros aditamentos.
Al respecto, el Informe Histórico de la Femospp señala que los francotiradores que iniciaron los disparos en Tlatelolco eran elementos del Estado Mayor Presidencial y desdeña la hipótesis de que fueron los estudiantes quienes iniciaron los disparos, ya que las armas en su poder no habían sido accionadas o bien, eran de bajo calibre.
En tanto, para la Comisión de la Verdad independiente creada en 1993, los integrantes del Batallón Olimpia fueron quienes iniciaron los “disturbios”.
El informe presentado ese mismo año por el secretario técnico del organismo, el escritor Paco Ignacio Taibo II, señala que la consigna del Olimpia fue la de bloquear el edificio Chihuahua, detener a los miembros del CNH y “disparar sobre la multitud”.
En 1997, a petición de The National Security Archive, el Gobierno de Estados Unidos desclasificó siete documentos de Inteligencia que hacían referencia al movimiento estudiantil de 1968, en uno de los cuales se fortalece la hipótesis de que fueron los elementos del EMP quienes iniciaron los disparos.
Fechado el 24 de marzo de 1969, el documento explica que el general brigadier, Mario Ballesteros Prieto, jefe del Estado Mayor de la Sedena, y el general de brigada, Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, habían “caído de la gracia” de García Barragán.
Ambos generales, indica el reporte, fueron removidos de sus cargos porque “habían estado dando contraórdenes o fallado en la interpretación correcta de las órdenes del general García Barragán”.
Este documento deja ver que el EMP recibió órdenes de funcionarios que pasaron por encima del entonces secretario de la Defensa Nacional; sin embargo, omite proporcionar el nombre de esos personajes.
Fue hasta el 29 de noviembre de 2006 cuando una resolución del juez Ricardo Paredes Calderón mencionó con nombre y apellido a uno de los que habrían ordenado la represión: Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación y presidente entre 1970 y 1976.
La orden de iniciar el proceso penal en su contra por presunto genocidio señalaba que Echeverría fraguó, propuso y tuvo dominio de ejecución de la matanza de Tlatelolco. El expediente judicial 344/2006 indica que en su calidad de secretario de Gobernación planeó junto al presidente Gustavo Díaz Ordaz y otros altos funcionarios destruir de manera total el movimiento estudiantil.
La responsabilidad del Estado en los hechos del 2 de octubre fue reconocida por el presidente Díaz Ordaz nueve años después.
“De lo que estoy más orgulloso de esos seis años (su sexenio) es del año 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, peligros, la vida de mi familia, mi honor y el paso de mi nombre en la historia”, dijo ante los medios de comunicación en 1977, antes de partir a España en misión diplomática.
Pero la gran duda sigue siendo quiénes eran los otros funcionarios que ayudaron a Díaz Ordaz y Echeverría a organizar y poner en marcha la agresión en contra de los asistentes al mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Y la gran deuda del Estado es el castigo a esos responsables.
¿Cuál fue la función del Batallón Olimpia?
A lo largo de los años han surgido testimonios, investigaciones y fotografías que identifican a sujetos que usaban un guante blanco como orquestadores de la represión a estudiantes.
Una de las pocas referencias oficiales sobre este grupo está en el Libro Azul escrito por el ex procurador Sánchez Vargas, donde se menciona que el Batallón Olimpia se encontraba preparado como “reserva” el día de la matanza, al mando del coronel de Infantería, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle; sin embargo, no señala si este grupo participó en alguna acción específica en Tlatelolco.
Serían otros documentos los que pondrían de manifiesto la actuación de este grupo formado en febrero de 1968 por Fernando Gutiérrez Barrios, entonces titular de la DFS, para proporcionar seguridad durante los Juegos Olímpicos.
La declaración tomada el 3 de octubre de ese año al capitán Ernesto Morales Soto, la cual se encuentra contenida en el acta 54832/68, señala que éste pertenecía al Batallón Olimpia y tenía como consigna impedir la entrada o salida de cualquier persona del edifico Chihuahua una vez que dos bengalas fueran disparadas.
El informe de la Femospp también hace una referencia contundente a este grupo. Afirma que los francotiradores ubicados en los edificios de la Plaza de las Tres Culturas eran elementos del Batallón Olimpia, quienes se identificaban entre sí por un guante blanco en la mano izquierda.
El documento señala que las características esenciales de éste eran las “de actuar con impunidad institucional, confundidos con ciudadanos civiles, sin ser identificados. Podían no sólo mezclarse entre la población ahí reunida, sino arremeter contra ella, sin que hubiera crimen de Estado que perseguir y sancionar”.
A esta afirmación se suman diversas fotografías dadas a conocer años después de los hechos en medios de comunicación y otras que se encuentran en archivos de la UNAM, las cuales muestran a hombres vestidos de civil, armados y con un guante blanco sometiendo a los jóvenes detenidos dentro de los edificios de Tlatelolco.
Para el ex líder estudiantil, Luis González de Alba –aprehendido el 2 de octubre de 1968–, lo que demuestra que los hombres del guante blanco eran elementos del Olimpia es el grito de ¡Batallón Olimpia, no disparen! que varios detenidos pudieron escuchar.
Cuarenta años después, nadie pone en duda la participación del Batallón Olimpia en la Plaza de las Tres Culturas. Pero hasta el momento ninguno de sus integrantes ha sido sancionado por los hechos de aquella noche y no ha habido castigo a quienes dirigían el grupo.
Como en las otras interrogantes, la ausencia de respuesta se tradujo en impunidad.
