Durango

433 funcionarios públicos incumplidos

Funcionarios públicos de primer nivel ya  presentaron su declaración patrimonial, aseguró la autoridad de la Entidad de Auditoría Superior del Estado.

Funcionarios públicos de primer nivel ya presentaron su declaración patrimonial, aseguró la autoridad de la Entidad de Auditoría Superior del Estado.

Francisco Nava Rodríguez

Gobierno

El 13 por ciento de funcionarios públicos no presentó su declaración patrimonial. Serán multados con 100 y hasta 600 salarios mínimos.

Durango. De tres mil 250 funcionarios que existen en los Tres Poderes del Estado y municipios, el 13 por ciento, que significan 433, incumplió con la declaración patrimonial, por lo que serán multados conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Las infracciones van desde los 100 hasta los 600 salarios mínimos, según lo informó su titular Luis Arturo Villarreal Morales.

Límite. Según Villarreal Morales, las declaraciones patrimoniales debieron presentarse, como límite, el pasado 31 de mayo. El funcionario explicó que de acuerdo a la estadística anual, es el 13 por ciento el que no presenta este requisito a pesar de los continuos anuncios que se dan por diversos medios de comunicación. De acuerdo a la legislación correspondiente las personas que están obligadas en presentar esta declaración, en general, son jefes de departamento hacia arriba. Hasta el mismo Gobernador del Estado, diputados locales, magistrados, ministerios públicos, jueces, presidentes municipales, regidores y secretarios de ayuntamientos, sólo por mencionar algunos.

Plazo. Al Auditor Superior se le cuestionó sobre si había posibilidad de reducir o conmutar la infracción que marca la ley, pero expuso que aunque la presenten en forma extemporánea, los funcionarios serán multados. “Lo que sí hacemos, por lo general, es infraccionarlos con el mínimo, por lo general 100 salarios mínimos”.

El Siglo de Durango investigó y de acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos el sueldo diario se basa en 47.60 pesos, según el último aumento que hubo en el 2007. Lo anterior significa cuatro mil 760 pesos por cada persona incumplida. En el caso de funcionarios reincidentes, es posible que la multa sea mayor, expuso Luis Arturo, quien indicó que por lo pronto se encuentran en la etapa de notificaciones.

Se lo impide la Ley. El Auditor Superior del Estado se negó a proporcionar información sobre los funcionarios que incumplieron la medida legal de declarar, pues aseguró que se lo impide la ley. Al cuestionarle sobre el artículo que así lo manda, dijo no recordar. Pero agregó que los funcionarios tienen la obligación de dar a conocer cuánto ganaron en el último año de ejercicio fiscal y en qué lo invirtieron. Por ejemplo, si compraron una casa, si la están pagando, si tienen un vehículo, dos o tres. “Si no informan sus transacciones y luego se les detecta que tienen otro bien que no declararon, entonces pueden meterse en problemas”, indicó.

¡Cuidado!

Durango. Según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, en su artículo 83 se indica: “cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Contaduría podrá, fundando y motivando su acuerdo, realizar la práctica de visitas de inspección y auditorías. Cuando estos actos requieran orden de autoridades judiciales, la Contaduría hará ante este la solicitud correspondiente. Previamente a la inspección o al inicio de la auditoría, se dará cuenta al servidor público de los hechos que motivan estas actuaciones y se le presentarán las actas en que aquellos consten, para que exponga lo que a derecho le convenga”.

Regalos.- En las modificaciones que se hicieron a la Ley de Responsabilidades, hace apenas una semana, en su artículo 88 se establece que los servidores públicos deben reportar ante la autoridad si reciben donativos, obsequios o beneficios que estén por arriba de montos autorizados.

Denuncia.- La EASE realizará denuncia penal contra el servidor público que bajo investigación no justifique la procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio, de los bienes adquiridos, o bien de los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo.

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