Ante el aumento de los homicidios y atentados contra policías y militares, se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma que impone sanciones de hasta 60 años de prisión a quienes cometan ese delito.
De acuerdo con un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregado en San Lázaro, en los últimos 12 años fueron asesinados 249 militares en la lucha contra el narcotráfico.
El informe destaca que 2007 fue un año de muchas bajas para esa dependencia federal, con un total de 33 elementos castrenses fallecidos, siendo los estados de Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Sonora y Veracruz, donde ocurrió la mayoría de los homicidios.
Ante esa situación, la Cámara baja aprobó la semana pasada una reforma penal que sancionará hasta con 60 años de cárcel a los sicarios o asesinos de militares y policías.
El diputado federal César Flores Maldonado, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), explicó que los cambios legales establecen sanciones ejemplares para que cualquier delincuente que atente contra la vida de militares o policías "prácticamente pase el resto de su vida en la cárcel"
En tanto, informes de la Procuraduría General de la República (PGR) destacan que en 2007 fueron asesinados al menos 238 policías, y las principales víctimas eran estatales y municipales.
El documento que analizan los diputados federales detalló que el año pasado hubo mil 945 ejecuciones vinculadas con el narcotráfico, 306 de ellos en el mes de agosto.
Al respecto, la integrante de la Comisión de Justicia, Yadhira Tamayo Herrera, comentó en entrevista que la reforma aprobada tiene la finalidad de inhibir crímenes de esa naturaleza, que golpean a las fuerzas armadas y a los cuerpos policiacos del país.
Entrevistada en San Lázaro, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) refirió que los cambios al Artículo 315 bis del Código Penal federal establecen penas de 30 a 60 años de prisión a los homicidas de policías, jueces, agentes del Ministerio Público y militares.
Asimismo, detalló, en caso de que resultaran heridos se aumentaría la sanción hasta el doble de la correspondiente por el delito de lesiones simples.
A los legisladores no sólo corresponde crear normas que permitan prevenir y enfrentar a la delincuencia organizada, sino establecer mecanismos legales que ayuden a proteger a los servidores públicos que enfrentan a los criminales y que en ocasiones se convierten en víctimas, enfatizó la reforma.
