Vicente Fox tuvo que entregar su Informe en el vestíbulo de San Lázaro, pues el PRD había tomado la tribuna.
Se acabó el ‘día del presidente’; a cambio, sus colaboradores deberán comparecer ante el Congreso bajo protesta de decir verdad.
Ya no será el “día del presidente”, ni el día en el que algunos legisladores aprovechaban los reflectores para interpelar, sacar pancartas, dar la espalda, salirse del recinto o tomar la tribuna.
La reforma constitucional que eliminó la obligación de que el presidente acuda al Congreso a rendir un Informe –publicada el pasado 15 de agosto– sepultó la ceremonia que en los últimos años tensó la relación Ejecutivo-Legislativo, pero también abrió la puerta a un sistema de comparecencias de los miembros del Gabinete, en el que mentirle al Congreso podría tener consecuencias administrativas e incluso penales.
Los nuevos párrafos de los artículos 69 y 93 de la Constitución obligan a los funcionarios que comparezcan ante el Congreso a hacerlo “bajo protesta de decir verdad”, pero aún están pendientes reformas a la Ley Orgánica del Congreso y, eventualmente, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal, para que se reglamenten estas disposiciones.
Abogados constitucionalistas, politólogos y legisladores aseguran que lo más trascendente de la reforma que acabó con el “día del presidente” está en esta cláusula que aplicará durante la llamada “glosa del Informe”, pues abre la puerta a un sistema de rendición de cuentas mucho más efectivo.
El nuevo formato
La nueva redacción del Artículo 69 estipula que el presidente presentará un Informe “por escrito” al Congreso sobre el estado general que guarda la Administración pública, en la apertura de sesiones ordinarias de cada año de ejercicio de la Legislatura.
Cada una de las cámaras realizará un análisis del Informe y podrá solicitar al presidente ampliar la información, mediante pregunta por escrito.
Además, la Cámara de Diputados y el Senado podrán citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, “quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad”.
Dichas comparecencias se regulan en el Artículo 93 de la Constitución, donde se estipula la obligación de los secretarios de despacho de dar cuenta al Congreso sobre el estado que guardan sus respectivos ramos, luego del inicio del periodo ordinario.
En la reforma reciente al Artículo 93 se da al Congreso una facultad más, la de convocar a los secretarios de Estado, al titular de la PGR, a los directores y administradores de entidades paraestatales y a los titulares de los órganos autónomos, “para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una Ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, o para que respondan a interpelaciones o preguntas”.
Finalmente, la reforma al 93 también estipula que las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del Gobierno Federal mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.
Sólo un paso
Los especialistas consultados aseguran que este nuevo formato es un paso adelante para establecer mejores mecanismos de control entre poderes.
Es, según el ex legislador y abogado constitucionalista César Jáuregui, una medida inspirada en el derecho anglosajón, en donde el perjurio es castigado con más de cinco años de prisión, además de causar la censura pública a quien lo comete.
El panista cita el caso del ex presidente Bill Clinton, quien enfrentó en diciembre de 1998 un juicio político (impeachment) por el Caso Lewinsky. Entre las 11 acusaciones del fiscal Kenneth Starr contra Clinton, la más grave era el perjurio cometido ante el Gran Jurado, pero también se le juzgaba por haberle mentido al Congreso.
En el numeral 11 de la acusación, se establecía: “el presidente Clinton abusó de su autoridad constitucional al mentir a la opinión pública y al Congreso en enero de 1998 acerca de su relación con la señorita Lewinsky; prometer en aquel momento que cooperaría de forma absoluta en la investigación del Gran Jurado; rechazar más adelante seis invitaciones para testificar voluntariamente ante el jurado de acusación; invocar la inmunidad del Ejecutivo; mentir al jurado de acusación en agosto de 1998; y mentir de nuevo a la opinión pública y al Congreso el 17 de agosto de 1998; todo ello parte de un intento por dificultar, impedir y desviar cualquier posible investigación del Congreso de Estados Unidos”.
Según Jáuregui, en México debe avanzarse hacia un sistema similar, con reglas claras que indiquen los alcances de la cláusula constitucional.
“Los legisladores en la Cámara de Diputados, donde nació este concepto, están pensando que haya una vinculación directa entre lo que rinde el funcionario con la realidad. Esto debe estar reglamentado y bajarse en la Ley secundaria, en principio para establecer cómo se determinará si se dice o no la verdad; de lo contrario se puede prestar a abusos por parte del Legislativo o, si sólo está en la Constitución, resultaría inaplicable”, explica Jáuregui.
Más control
Arturo Zaldívar, especialista en derecho constitucional, explica que no sería lo más conveniente que las sanciones a quien mienta se establezcan en la Ley Orgánica del Congreso, sino en el Código Penal.
Agrega que, en materia de responsabilidades, se cuenta ya con sanciones de tipo administrativo, que van desde la inhabilitación hasta el juicio político.
Pero más que sanciones, Zaldívar recomienda reglamentar la operación de las nuevas formas de control del Legislativo sobre el Ejecutivo.
“Se busca hacer una presión mayor para que sus comparecencias sean fidedignas, sean útiles, que más que calificarse en términos mediáticos –si estuvo bien o mal frente a los legisladores– se califique el fondo del asunto. Los funcionarios tendrán que cuidar el fondo. Dependiendo cómo se reglamente, mentir al Congreso podría traerles una responsabilidad oficial, política, administrativa e incluso penal.
“Con esto estamos avanzando hacia un presidencialismo acotado; esto no significa un Ejecutivo débil, sino un sistema con poderes vigorosos, con pesos y contrapesos, que asegure la eficacia de los poderes del Estado, la gobernabilidad y el control del poder”, comenta.
José Roldán Xopa, director del departamento de Derecho del ITAM, también considera necesario reglamentar esta nueva disposición constitucional si lo que se quiere en realidad es equiparar esta figura con la de “falsedad de declaraciones” establecida en el Código Penal para procesos judiciales o administrativos.
“El haberla establecido es para poder extraer consecuencias similares y señalar una figura que pueda ser declaración en falsedad ante autoridad legislativa. Eso, como lo indica la reforma, tendrá que ser desarrollado posteriormente en la Ley del Congreso y los reglamentos”, explica.
Roldán coincide en que esta reforma significa un avance, al establecer mecanismos más claros para que el Legislativo interrogue al Ejecutivo, pero considera que se perdió la oportunidad de establecer un formato de comparecencias del presidente en un ejercicio democrático como el que se tiene en sistemas parlamentarios, donde el titular del Ejecutivo debate cara a cara con los legisladores.
“Es mucho más sano para la vida de un país lo que sucede con los regímenes parlamentarios, donde es mucho más visible la capacidad de interlocución, de conocimiento y de diálogo.
“Por un lado se acabó con el ‘día del presidente’, pero se perdió la posibilidad de haberlo convertido en una ceremonia mucho más democrática. Hacen falta momentos en que los responsables de la política puedan medirse frente a la opinión pública”, opina.
Reforma inconclusa
El año pasado, cuando se comenzó a debatir el tema del formato del Informe en el marco de la Reforma del Estado, el presidente Felipe Calderón se manifestó dispuesto a respaldar una comparecencia que lo obligara a debatir con los legisladores.
“Estoy dispuesto a dialogar con el Congreso en un formato que sea respetuoso de la Nación, de los Poderes. Estoy dispuesto a comparecer al Congreso y a dialogar con los legisladores en el formato que ellos dispongan”, dijo.
Calderón propuso incluso cambiar la presentación del Informe a la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, en febrero, para poder informar sobre un año completo de administración.
La propuesta, plasmada en una iniciativa del PAN, no prosperó y se llegó a septiembre del 2007 con dudas sobre la posibilidad de que Calderón pudiera entrar al recinto a presentar su Informe.
Tras un acuerdo parlamentario, los legisladores del Frente Amplio Progresista –que en septiembre de 2006 tomaron la tribuna para impedir que Vicente Fox rindiera su último Informe como parte de sus protestas por el fraude que denunciaron en los comicios presidenciales– aceptaron que Calderón entrara al recinto, pero sólo a entregar el documento.
A cambio, la perredista Ruth Zavaleta fue nombrada presidenta de la Mesa Directiva y, como tal, leyó un mensaje en el que aclaró: “no puedo aceptar recibir un documento de quien proviene de un proceso electoral legalmente concluido, pero cuestionado en su legitimidad por millones de mexicanos”.
Dicho eso se retiró junto a sus compañeros de partido y dejó la sesión en manos del panista Christian Castaño, quien le recibió el Informe a Calderón.
El 30 de abril de este año, la Cámara aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en el que se contemplaban las reformas a los artículos 69 y 93. El proceso legislativo concluyó el 20 de junio, con la aprobación definitiva tras la revisión hecha por el Senado.
Según Ignacio Marván, director de la división de estudios políticos del CIDE, la reforma que da pie al nuevo formato del Informe no resuelve del todo el problema.
“Establecer que los funcionarios que comparezcan ante el Congreso deban hacerlo bajo protesta de decir verdad sí es un buen principio para tratar de evitar la impunidad en mentiras. Pero mientras no quede establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos las sanciones que implica mentirle al Congreso son simplemente una buena intención o una amenaza sin ninguna posibilidad de hacerse cumplir”, advierte.
Marván asegura que la no asistencia del presidente es sólo un pacto político para darle la vuelta al conflicto que implica la presencia de Calderón en San Lázaro.
El politólogo asegura que el Legislativo también debería avanzar en una reglamentación que impida que el presidente se construya su día fuera del Congreso, con la difusión de spots sobre los logros de Gobierno, y que limite el uso de la cadena nacional para emitir mensajes a la nación.
Bajo protesta de decir verdad
El diputado panista Héctor Larios, quien presidió la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados hasta el pasado jueves, informó que, ante la imposibilidad de reglamentar la reforma al Artículo 69 constitucional antes del próximo Informe, se regularán las preguntas parlamentarias y el formato de las comparecencias del Gabinete mediante un acuerdo entre las bancadas.
Se buscará que la Junta procese las preguntas de los grupos parlamentarios, para evitar que se envíe un número exagerado y para asegurar que se planteen preguntas y no afirmaciones. El Congreso hará públicas las preguntas y las respuestas del Ejecutivo, y emitirá una calificación determinando si las dudas fueron resueltas.
En el caso de las comparecencias, se acordó que al inicio de cada una de ellas se lea una leyenda en la que se advierta al funcionario que comparece “bajo protesta de decir verdad”, en términos de los artículos 69 y 93 constitucionales.
Igualmente, el Congreso podrá determinar si la información dada en la comparecencia es satisfactoria, sin que hasta el momento se prevean sanciones en caso de que se detecte que hubo mentiras, más allá del señalamiento público.
“En el caso de las preguntas parlamentarias se va a seguir el mismo procedimiento que en las comparecencias. La Cámara también podrá decir: ‘no me satisface la respuesta’ y hacerlo público. La Cámara podrá manifestar su insatisfacción con las respuestas”, explicó Larios.
