El pasado viernes 3 de octubre dos jóvenes mexicanos contrariaron el desarrollo del discurso del presidente Felipe Calderón, durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de la Juventud 2007 en el Patio Central de Palacio Nacional, al gritarle “espurio” y “no hay libertad en este país” y, con ello, vulneraron el protocolo oficial; su osadía les valió 90 minutos de encierro e interrogatorio, así como, el temor de “que haya represalias a mediano o largo plazo”.
Andrés Leonardo Gómez Emilsson, galardonado por ser sobresaliente en actividades académicas, particularmente en matemáticas, no soportó el discurso “hipócrita” sobre la libertad y la democracia y profirió el calificativo de espurio, para expresar su inconformidad con la gestión del actual mandatario, “era el colmo que hablara de valores democráticos cuando hizo fraude en 2006, y eso no es una opinión, es un análisis de datos”, explicó a la revista Proceso telefónicamente.
Por su parte, Marco Virgilio Jiménez, invitado especial de las autoridades educativas a la ceremonia de premiación, tras haber presentado un trabajo para el Concurso Nacional de Ensayo Político Juvenil, secundó a Gómez Emilsson, unos minutos después, cuestionando la existencia de libertades en este país.
Los jóvenes violaron el protocolo oficial, cometieron un acto de descortesía y, probablemente, hasta cometieron el agravio de “perturbar la ceremonia solemne”, como les informaron en el Juzgado Cívico 33, al espetar sus creencias en medio del discurso oficial, pero la reacción del Estado Mayor Presidencial, de sacarlos de la ceremonia de premiación, incomunicarlos e interrogarlos durante, al menos, 90 minutos parece muy desproporcionada.
De acuerdo a las crónicas periodísticas y al video del evento, era evidente que la intención de los jóvenes era simplemente expresar su opinión y, obviamente, “llamar la atención”, como reconoció Gómez Emilsson, pero nunca pretendieron interrumpir el acto o agredir a alguien. Es decir, su presencia en el evento no representaba ningún peligro para nadie, no obstaculizaba el desarrollo del evento y menos significaba un riesgo para la seguridad del presidente.
Por otra parte, el anuncio de Gómez Emilsson de que donaría el efectivo que recibió como premio a organizaciones sin fines de lucro, igualmente fortalece la idea de que simplemente aprovechó el foro para trasmitir su indignación y lo enaltece, pues no se beneficia económicamente mientras protestaba políticamente; es una muestra de congruencia.
Precisamente por ello resulta exagerado haber sacado en vilo a Jiménez, cuando Calderón todavía pronunciaba su discurso, y haber impedido que Andrés Leonardo se tomara la foto oficial del evento, con el presidente y el resto de las autoridades presentes. El premiado ya había manifestado su descontento con el presidente en dos ocasiones, cuando le negó el saludo al inicio del evento y al momento de recibir su galardón, hubiese sido interesante saber qué hacía al momento de la fotografía oficial y de la despedida.
Calderón perdió una oportunidad inmejorable de mostrar su vocación democrática. Haber intervenido para evitar las acciones del EMP y haber permitido (si se quiere con una discreta y cuidadosa vigilancia, aunque creo que no hacía falta) que el premiado participara en todas las actividades, como el resto, hubiese sido una muestra de tolerancia y respeto a la libertad de disentir y expresión. La Presidencia debió haber mostrado su magnanimidad en el momento del acto y no al de “no formular cargos contra los jóvenes”, pues difícilmente hubiese algún cargo –más allá de una falta administrativa, como la de “disturbio de ceremonia solemne”, que cuando mucho implicaría un arresto de no más de 72 horas y/o una multa—. Aunque, de acuerdo con las versiones de los jóvenes, no fueron agredidos ni torturados, sí permanecieron incomunicados durante 90 minutos, sometidos a interrogatorios y sesiones de fotografías. Y con ello sembraron el temor en los jóvenes y sus familias.
La actuación del EMP y el presidente muestran plásticamente la idea que las autoridades tienen de su investidura; su concepción de que no pueden ser increpados o cuestionados por un ciudadano común, que piensa distinto a ellos o cree que llegó al poder a través de un fraude electoral.
En un país democrático la disidencia tiene la libertad de expresarse sin restricciones ni temores; las expresiones de los jóvenes pretendían simplemente manifestar su inconformidad con el discurso oficial o evidenciar la contradicción entre la versión presidencial y la realidad.
Un demócrata hubiese continuado impasible su mensaje y, posteriormente, con todo comedimiento hubiese intentado conocer las razones de los jóvenes, pues finalmente son jóvenes a los que el mismo Gobierno reconoce por ser sobresalientes y sus expresiones son producto de un acto informado y razonado, como lo muestra el que Gómez Emilsson manifieste a Proceso que su convicción de que Calderón llegó por un fraude electoral es producto de “un análisis estadístico que él realizó con la información del Programa de Resultados Electorales Preliminares”.
Las expresiones pueden haberse manifestado en un momento, un lugar y una forma inapropiados, pero son el resultado de un proceso ciudadano de construcción de opinión pública y son compartidos por un buen número de mexicanos y mexicanas. La disuasión tiene que lograrse por la vía de la razón, no del temor; pero ello implica un cambio radical en la cultura política de las autoridades, que tienen que asimilar que en una democracia la ciudadanía tiene el derecho de exigirles cuentas y expresar sus inconformidades y con ello en lugar de vulnerar y debilitar su investidura, la fortalecen y enaltecen.
