Aunque nunca estuvo complicado en realidad. Fue bueno saber que el gobernador del estado, Humberto Moreira, acaba de enviar al Congreso local una iniciativa de ley para simplificar la acción ciudadana que permite a los coahuilenses formular iniciativas ante el Poder Legislativo.
Esta acción estaba ya contemplada en la ley de participación ciudadana del estado, pero el procedimiento para acceder a ella resultaba complicado, pues se requería un determinado porcentaje de ciudadanos, que apoyaran la iniciativa, para que ésta pudiera presentarse en el Congreso.
La iniciativa enviada por el gobernador quita todo requisito, de manera que basta que la presente un ciudadano, para que el Congreso se aboque a estudiar la iniciativa que se le presente.
El que el Congreso la reciba no significa que tenga necesariamente que aprobarla, pero sí estudiarla y dictaminarla.
Decimos que en realidad nunca fue complicado, porque bastaba que un solo diputado hiciera suya una iniciativa presentada por un particular, para que ésta pudiera iniciar su trámite en el Congreso.
Recuerdo en este momento, que durante la LIII, Legislatura se presentaron dos iniciativas de grupos ciudadanos, que el Congreso estudió y dictaminó favorablemente. Una fue, la de la ley de aprovechamiento de alimentos y otra la de protección a los animales.
Comentando estos asuntos con mi amigo Enrique Huber, me hizo referencia a un estudio realizado por el maestro Francisco Martínez Sánchez, intitulado: “Justicia social en el horizonte de los gobiernos de los estados”, en el que se plantea una acción muy especial para evitar que se queden sin utilizar recursos públicos.
El planteamiento doctrinal del que surge esa acción popular se expresa de la siguiente manera:
“Es urgente que las políticas públicas tengan eficacia social y resultados de cambio. Para lograrlo es importante que existan medios de control constitucional que se puedan ejercer, a fin de que la sociedad pueda ser partícipe en la vida institucional y se evite cualquier tipo de desvío de recursos, su dispendio o el ejercicio de políticas antijurídicas y contrarias a la esencia democrática y que, como consecuencia, impliquen defraudación social y financiera.
“El sistema de regulación jurídico administrativo existente, no es suficiente para el control de los actos de la administración pública estatal o municipal, cuando se lesiona el interés social”.
Hay promesas que formulan los gobernantes o recursos que quedan sin ejercer, por simple descuido de los servidores públicos, ello sin ir más lejos.
Es en esos casos, cuando al través de un mecanismo constitucional, los ciudadanos deberían poder acudir ante instancias jurisdiccionales, para el efecto de obligar a las autoridades administrativas a que apliquen correctamente los recursos o cumplan con las promesas formuladas.
Es bien sabido que existen ocasiones en que determinados beneficios públicos no llegan a la gente, porque los servidores públicos no supieron cómo bajarlos o porque la Federación se los negó al estado o el estado al municipio.
Esos errores o ineficiencias le cuestan mucho a los ciudadanos, que son los que se quedan sin las obras o los beneficios de determinados programas gubernamentales.
Si bien la acción se da a la ciudadanía, bien puede servir a los gobiernos estatales para obligar a la Federación a que cumpla con la entrega de recursos que pertenecen al estado.
Creo que es factible que el gobernador, formule una iniciativa que contemple una acción de esta naturaleza, que bien podría tramitarse ante el Pleno del Tribunal Superior, actuando como Tribunal Constitucional.
De esa manera Coahuila se pondría nuevamente a la vanguardia en materia legislativa creando y colocando al alcance de los ciudadanos un mecanismo de control que no existe en ningún estado de la República.
Por lo demás: “Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te guarde en la palma de Su mano”.
