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Activismo en la UNAM

Plaza Pública

Miguel Ángel Granados Chapa

Una oleada de periodismo amarillo a la antigua usanza procura deformar la imagen de la Universidad Nacional para presentarla como si fuera un nido de guerrilleros y de agitación política. La causa inmediata de esa impertinente mirada es el hecho de que la joven mexicana herida en el ataque militar colombiano a tropas de las FARC fue estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

La propia ex alumna de la carrera de teatro, Lucía Andrea Morett Álvarez, ha explicado su situación desde el lecho en que se recupera de las heridas causadas por esquirlas, mientras dormía en el campamento, como lo hacían los guerrilleros que fueron sorprendidos por el embate que por aire y tierra lanzó en su contra el Ejército colombiano, pese a haberse refugiado en territorio de Ecuador. Morett Álvarez mantiene vínculo político con esa porción de la insurgencia colombiana, pero no es una combatiente. Parece que sí lo fue, en cambio, Juan González del Castillo y su mujer Rita, que al parecer murieron en el ataque. Él era un estudiante irregular en la propia Facultad de humanidades de la Universidad.

Cualquiera que sea el nexo de esas personas con las FARC, su conducta es de su resorte exclusivo. Lucía Andrea no enfrentará cargos en Ecuador, donde fue rescatada después de la matanza. Cuando más se la deportará por haber infringido la condición migratoria con la que llegó a Quito, donde participó en reuniones del movimiento bolivariano, una iniciativa abierta, distante de la clandestinidad. Ella misma ha participado en el acompañamiento y apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sin que tampoco eso suponga que haga armas con sus integrantes (que, por lo demás, en la práctica las han depuesto hace muchos años). Sólo con ociosa mente de aprendiz de espía se puede convertir a esta joven en protagonista de una conjura guerrillera internacional.

La impropia extensión de decisiones personales a toda una institución condujo a las autoridades de la UNAM a sentar su posición respecto del presunto cobijo que sus instalaciones dispensan a expresiones de radicalismo violento. La Universidad Nacional recordó que “una de sus grandes fortalezas radica en la pluralidad y en la concurrencia de todas las posiciones políticas e ideológicas que se manifiestan en el ejercicio legítimo de la libertad de pensamiento y expresión, con el único límite que impone el respeto a los derechos de los demás”. La UNAM rechazó, en consecuencia, “el uso de estereotipos que deforman la imagen de los universitarios y de nuestra institución. Estos señalamientos no son nuevos. Preocupa que, una vez más, se intente como hace más de cuatro años, involucrar a esta casa de estudios con grupos ajenos al quehacer universitario”.

La autoridad hizo estas puntualizaciones sin perjuicio de manifestar su interés “por la salud y la integridad” de Lucía Andrea y su “consternación frente a la posibilidad de que algún otro miembro de la comunidad haya resultado afectado fatalmente en los sucesos del pasado 1º. de marzo”.

Uno de los efectos del simplismo amarillista con que suele informarse sobre las tareas universitarias es que se aparta al público de la atención de fenómenos que evidencian la compleja trama social y política de la comunidad universitaria. Por ejemplo, con escasa presencia en los medios (sobre todo los electrónicos) se ha desarrollado en las últimas semanas un conflicto en el plantel número dos, llamado Erasmo Castellano Quinto, de la Escuela nacional preparatoria de la UNAM.

Esa escuela conserva, con el nombre de Iniciación universitaria, el plan de estudios que antaño integraba la secundaria y el bachillerato, antes de que la UNAM dedicara su atención preferente a esta última parte del ciclo medio superior, ya que la Sep en su momento y los gobiernos estatales después hicieron crecer el sistema de educación básica, que incluye los seis años de la primaria y los tres de la secundaria. Esa peculiaridad hace que buena parte de la población del plantel Dos esté compuesta por alumnos que apenas, si ya lo hicieron, acaban de superar su niñez.

Conforme a la legislación universitaria, que confía parte del proceso a la dirección general de la ENP, el once de febrero el rector José Narro designó directora del Erasmo Castellanos Quinto la bióloga Cecilia Verduzco, que ha tenido una clara trayectoria docente en ese plantel, al punto de que recibió la Distinción Universidad para jóvenes académicos. Sin más argumento que un presunto autoritarismo vagamente señalado, un grupo de activistas objetó el nombramiento de la maestra Verduzco y aprovechó la ocasión para formular un pliego petitorio de 31 puntos que refleja carencias e insuficiencias de la administración escolar en ese plantel. A pesar de que las reivindicaciones fueron expuestas por una minoría del alumnado, ante la perplejidad y la Oposición del resto, la escuela fue cerrada y sólo reabierta anteayer, después de 13 días de suspensión de labores, que afectó a la comunidad de siete mil estudiantes. La directora Verduzco renunció a su cargo para no estorbar la solución del problema.

En este caso como en otros semejantes la Universidad quedó sujeta a una contradicción de su cultura interna y su legislación. Conforme a aquélla, se ha instaurado un clima de libertad y participación (en el que se inscribe el activismo en torno de las FARC). Pero la regulación impide que directamente estudiantes y profesores digan su palabra en la designación de autoridades.

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