Aspecto de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que tuvo lugar en Palacio Nacional, a la que asistieron el presidente Felipe Calderón, gobernantes, líderes parlamentarios y judiciales.
Los asistentes a la Cumbre se comprometieron a revisar en un mes el avance de los compromisos plasmados en el Acuerdo.
En un periodo de un mes a tres años, los gobiernos de todos los niveles tienen que cumplir 74 propuestas para combatir y disminuir el crimen organizado en el país. De esos compromisos, al menos 30 les corresponden a estados y municipios.
Este fue el documento suscrito en Tesorería Nacional como parte del Acuerdo Nacional para la Seguridad, Justicia y la Legalidad, firmado por el presidente Felipe Calderón, los 32 gobernadores, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, organizaciones sociales, sindicales y medios de comunicación.
Durante la reunión número 23 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que por primera vez asistieron la totalidad de sus integrantes, se acordó convocar a una reunión de evaluación en un mes.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián, expuso al dar lectura al acuerdo que, en seis meses, la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República deben articular junto a los gobiernos estatales una estrategia nacional contra el secuestro.
Para fortalecer el sistema penitenciario, la SSP federal se comprometió a construir en dos años dos Centros Federales de Readaptación Social de Alta Seguridad, los cuales incluirán módulos especiales para secuestradores.
A nivel legislativo, el Congreso de la Unión se comprometió a prever, en la Ley de ejecuciones de sanciones penales, que se impida la preliberación en secuestro y delitos cometidos con violencia, así como impulsar una Ley general del delito del secuestro.
El Congreso nacional y los locales, vigilarán también que los recursos sean etiquetados para fortalecer el equipamiento de las policías de los estados.
“El acuerdo es un mecanismo de los tres poderes y tres órdenes de Gobierno a fin de que cada uno desarrolle acciones específicas en favor de la seguridad”, explicó Campa.
Entre los compromisos firmados, destacó la depuración de policías en los tres órdenes de Gobierno y la creación de un modelo nacional de evaluación y control de confianza en un año.
Entre los funcionarios sujetos a confianza se contempla al personal de instituciones federales, aduanas, de justicia, de centros de readaptación social, Hacienda y Gobernación.
La SSP y la PGR, dijo, se comprometen a realizar en seis meses el perfeccionamiento del reclutamiento de los elementos de las instituciones federales. También a desarrollar un sistema de control para los Ministerios Públicos en dos años.
Asimismo, se asignarán apoyos presupuestales a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y a la Unidad contra el Lavado de Dinero, y se fortalecerá el sistema de denuncia contra la corrupción de funcionarios.
El acuerdo prevé que la SSP y la PGR presenten en seis meses una Estrategia Nacional contra el narcomenudeo, que se actualicen las licencias de portación de armas que expida la Defensa Nacional y se consolide un Sistema Único de Información Criminal.
Además, en un año se desarrollará el uso de la tecnología para el intercambio de información en el combate a la delincuencia a través de Plataforma México, y se implementarán campañas para que el sector productivo, agrupaciones sociales y religiosas y medios de comunicación fomenten mediante campañas la cultura de la legalidad y de la denuncia.
A través de sus Procuradurías, los estados del país se comprometieron a mejorar los procesos de selección de elementos y mandos.
“En materia de secuestro, se crearán unidades especializadas para desarticular a las bandas dedicadas al secuestro e intercambiar información al respecto. Así como la implementación del Sistema Único de Información sobre Delincuencia Organizada”, dijo el funcionario.
Los municipios, añadió, evaluarán al personal de la Policía Municipal y centros de readaptación social, se sujetará la permanencia de policías a controles de confianza y a fortalecer la interconexión a sistemas de Plataforma México para el registro de información sustantiva.
Eduardo Bours Castelo, gobernador de Sonora, presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, recordó que algunas de las propuestas acordadas ya las tenían planeadas desde noviembre de 2006.
“Y fueron presentadas en enero de 2007 al Ejecutivo y Legislativo”, indicó el mandatario estatal.
Las propuestas que la Conago había acordado fueron: La creación de un observatorio ciudadano que vigile a las autoridades policiacas de todos los niveles.
Pide ayuda
El presidente Felipe Calderón pidió a los ciudadanos involucrarse más en la lucha contra el crimen organizado.
“Hoy se requiere no sólo policías que vigilen a los ciudadanos, sino paradójicamente, por la situación a la que hemos llegado, también ciudadanos que vigilen a los policías.
“Necesitamos ciudadanos que nos ayuden a recomponer el tejido social destruido por la delincuencia y cuya carencia a la vez es campo propicio para su expansión y mayor criminalidad”, declaró.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, reconoció que la delincuencia en México ha reportado un incremento del 8.6 por ciento con respecto a 2006.
“La impunidad ha sido un incentivo para la delincuencia, es asunto rentable para la delincuencia (...) La delincuencia tiene poder de intimidación, cooptación y búsqueda de control social y territorial basado en la corrupción”, expresó García Luna.
El rezago operativo del Estado mexicano, agregó, ha sido aprovechado por la delincuencia por lo que los niveles de violencia en el país se han incrementado.
Las estrategias
Entre los puntos para combatir el crimen destacan:
1.- Medidas contundentes para la depuración y certificación de las instituciones de justicia.
2.- Una estrategia antisecuestro.
3.- Nuevas cárceles para secuestradores.
4.- Ubicación en tiempo real de teléfonos móviles usados por secuestradores.
5.- Lucha contra corrupción de policías.
6.- Mejores instrumentos de denuncias anónimas.
7.- Etiquetar recursos para fortalecer el equipamiento de las policías de los estados.
8.- Estrategia Nacional contra el narcomenudeo.
9.- Actualización de las licencias de portación de armas que expida la Defensa Nacional.
10.- Un sistema único de información criminal.
