Alcaldes panistas de todo el país firman acuerdo para depurar las policías de los municipios que gobiernan; la reunión estuvo presidida por el líder nacional del PAN, Germán Martínez. (El Universal)
Se comprometen a aplicar un examen de control de confianza a todos los elementos policiacos.
Todos los alcaldes panistas del país firmaron un acuerdo para que a corto plazo se depuren y “limpien” de manera “fuerte y seria” las policías de los municipios que gobiernan. En este acuerdo se comprometieron también a aplicar un examen de control de confianza a todos los elementos policiacos y a establecer e implementar una ruta clara para que los cuerpos policiacos tengan controles de certificación internacionales. El líder nacional del PAN, Germán Martínez aseguró que la depuración debe empezar de inmediato, y se debe empezar por los secretarios de Seguridad Pública y mandos operativos de cada municipio, por eso se firma el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad con alcaldes panistas. Porque reconoció el alcalde de Tijuana, el panista Jorge Ramos que “es un hecho que las corporaciones policiacas de los tres niveles de Gobierno estuvieron infiltradas por el crimen”. Por su parte, Martínez Cázares reclamó en conferencia de prensa que no es el Gobierno Federal el que debe estar en el banquillo de los acusados, sino los delincuentes. “No vamos a fracasar, vamos a ganar esa batalla y vamos a sentar en el banquillo de los acusados a los delincuentes, que son los que deben estar ahí”. Acción Nacional gobierna en 497 municipios del país, pero destacan ciudades como Tijuana en Baja California; León, Guanajuato; Monterrey, Nuevo León; Mérida, Yucatán; Chihuahua, Chihuahua; Torreón, Coahuila; Cuernavaca, Morelos; Nogales, Sonora; San Nicolas de los Garza en Monterrey y San Luis Río Colorado en Sonora. Incluso también encabeza municipios de Sinaloa como Choix y en Michoacán, como Quiroga, La Piedad y Llera en Tamaulipas, algunas de ellas con una presencia importante del crimen organizado y ejecuciones. Además aseguró que ni el Gobierno, ni los municipios panistas ni el Ejército van a perder la batalla frente al crimen organizado, dijo Martínez Cázares. Porque explicó, en Acción Nacional “no cerramos los ojos, ni eludimos la responsabilidad” y “nos comprometemos sin regateos a dar resultados en materia de seguridad”. Para llevar a cabo este acuerdo, el líder blanquiazul, aseguró que todos los alcaldes son respaldados por Acción Nacional junto a sus grupos parlamentarios para que cuenten con más recursos y tecnología para derrotar a los delincuentes. La depuración mencionó es para que la Policía genere confianza, “no miedo”; la Policía debe ser garantía de orden y paz, “no espacio para la impunidad”, mencionó.
Pega inseguridad al PIB: Carstens
El clima de inseguridad que se vive en el país ha frenado el crecimiento de la economía nacional hasta en un punto porcentual, aseguró ayer el secretario de Hacienda, Agustín Carstens. “Nosotros estimamos que nos resta aproximadamente un punto porcentual de crecimiento (económico) este sentimiento de inseguridad en el país”, declaró. Un punto porcentual del PIB equivale aproximadamente a 10 mil millones de dólares. A pregunta expresa, el funcionario explicó que la presencia del crimen organizado provoca un efecto negativo en el flujo de inversiones y la generación de empleos. “Hay diferentes estimaciones que dicen que el costo de las empresas aumenta entre 5 y 10 por ciento por la inseguridad. Obviamente, esa falta de competitividad afecta las ventas en el país, afecta la creación del empleo y afecta el desarrollo nacional”.
Demanda Senado informe de plagios
El Senado aprobó por unanimidad su propia estrategia anticrimen, que contempla la reunión urgente de comisiones, dictaminar a la brevedad las iniciativas pendientes, la petición de un informe sobre el secuestro en todo el país y un programa para cumplir con el Acuerdo por la Seguridad, Justicia y Legalidad antes de los plazos fijados. Durante la sesión ordinaria de ayer, a propuesta de senadores del PAN y PRD, el pleno de la Cámara Alta solicitó a la Secretaría de Gobernación y al Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe sobre todos los casos registrados en el país, relacionados con el delito de secuestro. Los legisladores federales demandaron la entrega detallada del número de averiguaciones previas integradas, determinaciones de puesta en libertad en la etapa de averiguación previa, consignaciones y procesos penales. El documento también deberá contener las sentencias condenatorias y absolutorias, así como los beneficios de libertades anticipadas en favor de los internos que hayan sido procesados o hayan compurgado penas por el delito de secuestro.
