María Elena Morera, promotora de la marcha contra la inseguridad de hace cuatro años, fue quien puso el primer plazo para revisar el Acuerdo Nacional de Seguridad: 29 de noviembre de 2008. En la imagen durante su encuentro con el presidente Felipe Calderón. (Archivo)
La mayoría de los compromisos asumidos por las autoridades deberá haberse cumplido antes de las elecciones intermedias de 2009.
La sociedad podrá evaluar a sus Gobiernos en materia de seguridad en las elecciones legislativas del próximo año.
Si los compromisos signados en el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad son cumplidos en los tiempos acordados, para julio de 2009 las autoridades federales, estatales y municipales tendrán que haber cumplido 42 de los 61 puntos que les conciernen del documento presentado en Palacio Nacional el pasado 21 de agosto.
Antes de las elecciones intermedias, prácticamente las siete acciones del acuerdo relacionadas con el combate al secuestro –el delito que más ha crecido en la última década– tendrán que haber sido terminadas.
Estas acciones son: 1. la promulgación de una Ley federal en la materia; 2. las adecuaciones normativas para impedir la preliberación de posibles secuestradores; 3. la aprobación de una Ley de extinción de dominio para que las autoridades dispongan de los bienes y las cuentas bancarias incautadas al crimen organizado; 4. la regulación de la telefonía móvil; 5. la creación de unidades estatales especializadas para el combate de este delito; 6. la concentración en reclusorios de personas sometidas a procesos penales relacionados con el crimen organizado, y 7. el establecimiento de una ventanilla del Sistema Único de Información Criminal para que los ciudadanos denuncien y aporten información sobre secuestros.
El documento firmado recoge los ocho puntos de la estrategia nacional contra el secuestro exigidos a las autoridades por María Elena Morera, presidenta de México Unido contra la Delincuencia AC, el día de la presentación del acuerdo.
Seis de ellos se incluyen entre los que deberían terminarse antes de las elecciones. Los otros dos son: la construcción de dos penales de seguridad, prometidos para agosto de 2010, y la expedición de la Cédula de Identidad –proyecto que lleva 18 años de retraso–, que tendría que terminarse antes de agosto del 2011.
Depuración de policías
Sin embargo, no todas las acciones que requieren atención inmediata estarán terminadas para julio del próximo año, según los plazos establecidos por los firmantes del acuerdo.
Tal es el caso del primer punto, la depuración del personal de seguridad y procuración de justicia.
El Gobierno Federal se comprometió a crear en un plazo de un año (agosto de 2009) un modelo nacional de evaluación y control de confianza para el personal de instituciones policiales, de procuración de justicia, del Instituto Nacional de Migración, de aduanas y de centros de readaptación social.
Los Gobiernos estatales prometieron depurar sus instituciones de seguridad y procuración de justicia en el mismo periodo, igual que los municipios que reciben el Subsidio Municipal para la Seguridad Pública (Subsemun). En el caso de los municipios que no reciben este apoyo federal, el plazo es de dos años.
Se prometió también crear en un año centros estatales para evaluación y control de confianza, supervisados por el Gobierno Federal.
Rendición de cuentas
Uno de los aspectos que más se repite en el documento es la generación de indicadores de gestión y desempeño para mostrar a la sociedad el resultado de las acciones emprendidas contra la delincuencia.
De los ocho puntos dedicados a esta materia, los dos primeros a cumplir correrán a cargo del Poder Ejecutivo: promover la creación de un Observatorio Ciudadano que supervise el cumplimiento del acuerdo y establecer indicadores de seguimiento de la labor de las instituciones policiales y de procuración de justicia. Ambos tendrían que cumplirse antes del 21 de noviembre.
Esto quiere decir que, en caso de que se cumpla lo pactado, antes de las elecciones intermedias la sociedad podrá conocer los indicadores creados con la participación de instancias ciudadanas que medirán el desempeño de los cuerpos policiacos y de procuración de justicia. Sin embargo, la primera evaluación todavía no estará disponible.
Información criminal
El Sistema Único de Información Criminal, con el que se pretende “garantizar la interconexión y el intercambio de información entre instancias y órdenes de Gobierno para combatir el delito”, estará consolidado hasta agosto de 2010, cuando los municipios que no reciben el subsidio para la seguridad pública hayan incluido en la base de datos nacional el estado de fuerza de sus corporaciones policiacas, su equipamiento e infraestructura, entre otros datos.
La historia del Sistema de Información, considerado por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como “el instrumento más avanzado de intercambio de información criminal entre las policías del país”, y cuya unificación fue una de las exigencias de Morera en su discurso en Palacio Nacional, se remonta 12 años atrás, ya que fue contemplado desde la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Según la Ley General de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promulgada el 11 de diciembre de 1995 –que establece la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en cuya última reunión se presentó el acuerdo–, la Federación, las entidades y los municipios “suministrarán, intercambiarán y sistematizarán la información sobre seguridad pública, mediante los instrumentos tecnológicos modernos que permitan el fácil y rápido acceso a los usuarios a que se refiere esta Ley”.
Sin embargo, esta información todavía sigue sin sistematizarse.
Los primeros 100 días
En la firma del acuerdo, la presidenta de México Unido contra la Delincuencia puso el primer plazo para evaluar su cumplimiento: 100 días.
El 29 de noviembre, las autoridades tendrán que haber cumplido 18 de los 61 puntos, entre los que destacan:
El incremento de los presupuestos para seguridad y procuración de justicia en todos los niveles de Gobierno –lo que ha venido ocurriendo desde hace una década con dudosos resultados (Enfoque, 24 de agosto de 2008), la aprobación del marco normativo –incluyendo el que se refiere al secuestro y al narcomenudeo–, el fortalecimiento del mecanismo de denuncia ciudadana y la instrumentación de campañas para promover la cultura de la legalidad.
También deberán estar actualizadas las licencias de portación de armas de fuego expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional a los cuerpos policiacos.
Y tendrá que haberse conformado el Observatorio Ciudadano que evaluará el propio acuerdo.
Las prioridades
De las 75 acciones del Acuerdo Nacional por la Seguridad, 61 competen a las autoridades de los tres niveles de Gobierno.
Esas promesas están dirigidas a:
Incremento y uso eficiente de recursos.
Mejoras al sistema de seguridad y justicia.
Depuración y profesionalización de personal de seguridad.
Transparencia y rendición de cuentas.
Programas sociales, espacios públicos y rehabilitación.
Combate al secuestro.
Reformas legales.
Tráfico de armas.
Tecnología.
Combate al narcomenudeo.
“Lavado” de dinero.
Contrabando.
Registro de la población.
Antes de las elecciones
Estas son algunas de las acciones que tendrán que estar listas antes de julio de 2009:
Los recursos para seguridad pública y procuración de justicia en los presupuestos federal,
estatales y municipales reasignados de acuerdo con las prioridades del acuerdo.
El marco normativo general en la materia a nivel federal, como la Ley sobre el secuestro
y el narcomenudeo, así como una nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las unidades estatales de combate al secuestro.
La regulación del registro, establecimiento y acceso a bases de datos de la telefonía móvil y fija.
El módulo de información sobre secuestro en el Sistema Único de Información Criminal.
La estrategia nacional contra el “lavado” de dinero.
Controles para regular las transacciones en efectivo.
El Observatorio Ciudadano.
Los indicadores de evaluación y seguimiento de las instituciones policiacas y de justicia con la participación de instancias ciudadanas.
La interconexión de los Gobiernos municipales que reciben apoyo federal para la seguridad pública a los protocolos de la Plataforma México.
Las licencias colectivas de portación de armas de los cuerpos policiacos actualizadas.
Los controles de confianza para el personal de las instituciones policiales estatales.
Más juzgados en todo el país para agilizar las solicitudes de las autoridades.
