El acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas del país para designar tres nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral, incluido el presidente de dicho organismo, es un logro importante para la gobernabilidad y el tránsito hacia la democracia plena.
Algunos lamentan que los nombramientos satisfagan los intereses de los principales partidos, pues la designación del nuevo presidente Leonardo Valdés Zurita se atribuye a una propuesta del PRD, y las de Benito Nacif Hernández y Marco Antonio Baños se consideran originadas en las bancadas del PAN y del PRI respectivamente.
El cuestionamiento no tiene sentido, porque nuestro régimen constitucional establece un sistema democrático representativo que prevé que el acceso a los cargos de elección popular se realice precisamente a través de partidos, que a su vez fueron creados como organizaciones de ciudadanos que persiguen el objetivo de estructurar el poder desde la base social por vía electoral.
Lo anterior implica que la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión esté integrada por diputados electos en un proceso en el que participaron como candidatos de los partidos, por lo que en función de que la misma Constitución determina que sea dicha Cámara la competente para designar a los consejeros del IFE, el procedimiento que se llevó a cabo es congruente con la norma.
Es cierto que el trabajo de los partidos deja mucho que desear, pero una cosa es luchar por que el marco jurídico mejore y plantear mayores exigencias de calidad a las organizaciones políticas y otra es que podamos prescindir de los partidos como pretenden algunos, que insisten en denostar al sistema calificándolo de “partidocracia”.
La realidad es que la cancelación de los partidos conduce a la dictadura y la apertura a las llamadas “candidaturas independientes” que se pretenden basadas en el principio de igualdad, implican un funcionamiento análogo al de los partidos, porque en aras del mismo principio de igualdad, tales candidaturas acaban por tener los mismos derechos y obligaciones que los partidos, y por generar estructuras, comportamientos y resultados semejantes.
Los promotores de las candidaturas independientes son incapaces de hacer una propuesta integral y concreta que supere el romanticismo irracional y para probarlo no hay que ir muy lejos. El día de ayer Federico Reyes Heroles publica un artículo en los principales diarios del país que se puede consultar en El Siglo de Torreón, en el que al defender el punto adelanta: “dejaré de lado el contenido doctrinal y jurídico…”.
Tampoco es válido descalificar la designación de los consejeros del IFE, en virtud de que se les atribuya cierta afinidad con cualquiera de las fuerzas políticas. La Ley Electoral exige a los consejeros una serie de atributos, que corresponden a un perfil ciudadano que garantice imparcialidad y apego a la legalidad; cumplidos estos requisitos, los aspirantes son elegibles con independencia de su ideología o simpatías particulares, que desde luego quedan subordinadas a la función.
Quienes pretenden integrar el IFE con personas sustraídas por completo a la realidad social y política del país, tendrían que proponer extranjeros lo cual es inadmisible porque la tarea electoral sólo compete a los mexicanos o tendrían que traer marcianos, lo cual revela la condición utópica e irreal de la postura.
La designación actual de los consejeros del IFE ofrece resultados razonables, si consideramos que fueron escogidos en el marco de una convocatoria abierta, que se decidió por acuerdo de una holgada mayoría de votos en una Cámara integrada en forma plural, por diputados elegidos por los ciudadanos.
Lo cierto es que en un afán de obtener respuestas mágicas a las interrogantes que plantea el quehacer humano, existe la tendencia de poner nuestra esperanza en leyes y estructuras que resuelvan por sí solas los problemas que suscitan los actos y las actitudes de los protagonistas de la vida pública, que tienen su origen en la intimidad más profunda de la persona.
La Ley no es niñera de nadie. La mejor de las leyes, la mejor de las estructuras, funciona sólo si en la comunidad existen convicciones vivas, capaces de motivar a gobernantes y gobernados, a cumplir con el marco legal de manera voluntaria.
La reciente designación de los consejeros del IFE por consenso fortalece la gobernabilidad del país y por ende es una buena noticia. Es un descalabro en cambio, para las posturas extremistas que apuestan a la confrontación y al desencuentro.
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