Opiniones encontradas ha generado el “Acuerdo nacional para la seguridad, justicia y legalidad” firmado por el presidente de la República, Felipe Calderón, los gobernadores de los 31 estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y representantes de los poderes Judicial y Legislativo, en el marco de la 23ª reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Para unos, las 74 acciones contempladas en el citado acuerdo son un buen principio para encarar la ola de violencia que ha azotado al país en los últimos años. Para otros, lo planteado en la reunión del jueves 21 de agosto no difiere en nada de lo que se ha propuesto en anteriores ocasiones. En donde algunos ven compromisos sólidos y concretos, los demás perciben demagogia y, en el mejor de los casos, un catálogo de buenas intenciones.
A grandes rasgos, las estrategias giran en torno al combate al secuestro, la disminución de la corrupción en las corporaciones policíacas e instituciones judiciales, la lucha contra el narcomenudeo, el control de armas, el equipamiento y capacitación de los cuerpos de seguridad y la creación de un sistema único de información criminal.
Dichas estrategias contemplan acciones específicas para cada uno de los tres niveles de Gobierno y de los tres poderes de la República. Se marcan tiempos de revisión de avances, aunque no quedan muy claros los parámetros de medición.
La tarea de los estados se centra en crear y/o fortalecer centros de evaluación y control de confianza para todo el personal del aparato de seguridad y de justicia, formar unidades especiales contra el secuestro, adecuar las leyes estatales de seguridad a la ley federal, integrarse al sistema único de información y mejorar programas sociales, educativos y de combate a las adicciones.
La labor de los municipios consiste en profesionalizar a la Policía, regularizar la posesión de armas en las corporaciones, adherirse al sistema de información nacional, adecuar normas locales y reasignar recursos y partidas presupuestales.
Al margen de las críticas y de los aplausos a este acuerdo, hay que ver que lo novedoso en sí no puede estar en lo que se plantea, por más correcto que esto sea, sino en los resultados que cada ente involucrado ofrezca y en cómo se puedan medir los avances, de tal forma que lo acordado no termine convirtiéndose, como siempre, en un pretexto más para la disputa política, muy alejado de su objetivo original.
