Los gobiernos estatales y municipales tienen mucha tarea que cumplir en un periodo de tres meses a un año, como parte del acuerdo firmado ayer para mejorar la seguridad pública en el país.
El Acuerdo Nacional para la Seguridad, Justicia y Legalidad, firmado el jueves por el presidente Felipe Calderón, los 32 gobernadores del país y representantes de municipios y los poderes Legislativo y Judicial establece una serie de acciones, una tercera parte de las cuales corresponde a gobiernos locales.
El acuerdo obliga a los Estados a depurar sus policías y establecer capacitación y controles de confianza en sus cuerpos de seguridad. También están obligados a crear bases de datos y mapas delictivos.
En cuanto a acciones sociales, compromete a los estados a programas educativos y de combate a las adicciones, así como la rehabilitación de espacios públicos.
El acuerdo responsabiliza a cada gobernador de su ejecución y pone como plazo un año para cumplir las metas.
En cuanto a los municipios, el pacto contra el crimen se impulsará a través de las asociaciones de alcaldes y comprende básicamente compromisos en los cuerpos policiacos.
En un año deben de desarrollar mecanismos de selección y capacitación de los elementos de la Policía Municipal y sus propios mandos, y su permanencia se condicionará de acuerdo a la evaluación de su desempeño que se aplicará en un año.
El tiempo de ejecución de los requisitos corre de forma distinta. Los 150 municipios que recibieron el Subsidio de Seguridad Pública Municipal, entre ellos Torreón y Gómez Palacio, tienen que hacerlo en un año. Los municipios restantes cuentan con dos años para hacerlo.
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