La Audiencia Nacional española ordenó ayer la detención de 40 militares de Ruanda por los delitos de genocidio y terrorismo, a quienes acusa de la muerte de cuatro millones de ruandeses en los años noventa y del asesinato de nueve españoles.
El juez Fernando Andreu no ha podido procesar al actual presidente del país africano, Paul Kagame porque, como jefe de Estado, goza de inmunidad, pero existen “sólidos indicios”, según el auto, de su implicación en estos delitos de lesa humanidad.
Los españoles asesinados durante el conflicto entre hutus y tutsis eran los misioneros Joaquim Vallmajó, Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla, Fernando de la Fuente e Isidro Uzcudum; así como tres cooperantes de la organización Médicos del Mundo.
Esos tres cooperantes, que trabajaban en el campo de Mugunga y habían sido testigos de varias matanzas, fueron ametrallados el 18 de enero de 1997.
El magistrado cursó las órdenes de detención internacional contra los militares después de acusarles de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de “terror” en el país “realizando horrendos crímenes” contra la población civil, la mayoría refugiados hutus ruandeses, y población congolesa, también en su mayor parte pertenecientes a esa etnia.
La estrategia de exterminio, según el juez, culminó “bajo el pretexto de razones de seguridad, con la invasión y conquista” del Congo.
De los testimonios aportados al juez por los 22 testigos -todos protegidos menos uno- se deduce que para asesinar a personas de raza blanca era necesaria una orden de la cúpula militar, como así ocurrió con los cooperantes españoles, cuya muerte se decidió en una reunión de los mandos militares, de acuerdo con lo que declaró un asistente a esa cita.
En el auto del magistrado se relata también el papel que desempeñó el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en este episodio, al poner en marcha un programa de repatriación “forzosa” a partir de 1996 en los campos de refugiados del Congo, donde más de un millón de ruandeses se encontraban desplazados.
Ese programa, con el pago de 10 dólares por cada refugiado ruandés entregado, originó “una auténtica caza” del refugiado, añade el auto.
A los refugiados que se negaban a regresar a su país, ACNUR les amenazaba con volver al día siguiente con los soldados y muchos “preferían suicidarse antes que volver al terror de Ruanda”.
Andreu destaca la visita realizada por la Alta Comisaria de ACNUR, Sadako Ogata, en febrero de 1997 al campo de Tingi-Tingi, donde “únicamente” ofreció socorro humanitario para los que estuvieran dispuestos a volver a su país.
El genocidio de Ruanda, en el que más de cuatro millones de personas resultaron muertas o desaparecidas, tiene ejemplos tan macabros, según consta en el auto, como el sucedido el 23 de abril de 1994, día en el que unas 2 mil 500 personas fueron concentradas en el estadio de futbol de Byumba, donde se les lanzó granadas desde el exterior.
