Una voluntaria española presentó ayer una querella en la Audiencia Nacional contra más de un centenar de agentes de la Policía mexicana, acusándolos por “torturas”, “abusos sexuales” y “violación”.
Cristina Valls dice que los abusos fueron cometidos durante su detención en mayo de 2006 en la revuelta que tuvo lugar en las localidades mexicanas de Texcoco y Atenco, informó la agencia de noticias Europa Press.
Valls, que presentó la demanda con el apoyo de la organización internacional defensora de los derechos de las mujeres Women’s Link Worldwide, denuncia a 140 miembros de la Policía Federal Preventiva, la Policía del Estado de México y las policías municipales de Texcoco, aunque asegura que el número de responsables de los abusos “es más alto”.
Los hechos tuvieron lugar entre el 3 y el 5 de mayo de 2006 durante protestas protagonizadas por campesinos contra el proyecto para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México que pretendía confiscarles sus tierras.
Conocido como el “caso Atenco”, los abogados de la organización califican lo ocurrido como “un gravísimo episodio de represión policial y violación de derechos fundamentales”, señaló Europa Press.
La directora ejecutiva de la organización, Viviana Waisman, explicó en rueda de prensa que en los sucesos participaron 3 mil policías, que detuvieron a 200 personas de las cuales 47 eran mujeres.
Aclaró “que todas han alegado que fueron víctimas de abusos sexuales y violación” durante su traslado en camiones al Centro de Prevención y Readaptación Santiaguito. Valls explicó que el trayecto, que “en condiciones normales se puede hacer en dos horas”, duró seis y que iban “apiladas en el suelo del camión”.
La demandante denunció que los medios mexicanos “tergiversaron y criminalizaron” el caso dejando ver que “eran los campesinos los que golpeaban a los policías”, cuando en realidad “había una proporción de diez a uno” favorable a los agentes.
La abogada de Valls, Paloma Soria, se mostró optimista en que la Audiencia Nacional reciba de buen grado la demanda y tome las acciones oportunas porque “tiene la posibilidad de que este delito de tortura no quede en la impunidad”.
