Presentan deudos una demanda de juicio de responsabilidades contra Evo Morales.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue acusado ante la Fiscalía de “genocidio” y otros delitos por los familiares de los tres muertos en los disturbios de noviembre pasado en la ciudad de Sucre en contra de la Asamblea Constituyente.
La demanda de juicio de responsabilidades fue presentada ante la Fiscalía General el lunes, informó ayer el presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Hernando Aguilera, que representará a las familias de las víctimas en esos sucesos.
Aguilera señaló que el mandatario está ligado por el delito de “genocidio” dado que la legislación penal boliviana permite una acusación de ese tipo cuando hay una “masacre sangrienta”, que es lo que a su juicio ocurrió en Sucre a fines de noviembre.
También se acusa a Morales de violación de los derechos y garantías constitucionales y de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes.
Las tres personas murieron durante los graves disturbios producidos en Sucre en protesta porque la Constituyente realizó su sesión en un recinto militar y aprobó en primera instancia el nuevo texto constitucional con el que Morales aspira a “refundar” su país.
Las protestas se produjeron a raíz de la decisión del foro de no considerar la petición de Sucre, donde reside el Poder Judicial, de ser otra vez la sede de todos los poderes estatales del país en detrimento de La Paz, donde están el Ejecutivo y Legislativo.
Según el abogado Aguilera, la demanda alcanza también al ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, por presunta violación de los derechos y garantías, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, abandono de cargo y favorecimiento de la evasión.
De los mismos delitos son acusados el comandante de la Policía, general Miguel Vázquez, y otros dos jefes de la institución.
Aguilera dijo que el Gobierno tiene ahora “su oportunidad de decir la verdad” para dar con los autores materiales de las muertes de Gonzalo Durán, Juan Carlos Serrudo y José Luis Cardozo.
Por procedimiento, la Fiscalía General tiene ahora un plazo de quince días para pronunciarse sobre la demanda presentada por los familiares de las víctimas.
Morales y su Gobierno han insistido estos días en que las balas que mataron a dos de los jóvenes no fueron disparadas por las Fuerzas de Seguridad y sospechan de grupos radicales de la derecha.
No obstante, se mantiene una polémica sobre las balas utilizadas en la muerte de esas dos personas (el tercero falleció por un traumatismo) entre fiscales de Sucre, los militares, la Policía y el Gobierno.
Analizan Gobierno y Oposición el texto constitucional
No es aún la paz, pero la tensión extrema parece cosa del pasado: los bolivianos acogieron con satisfacción y un respiro de alivio el diálogo entre el presidente, Evo Morales, y los gobernadores de las nueve provincias. El presidente aceptó revisar el texto de la nueva Constitución, aprobada sólo con los votos de su partido y con el rechazo furibundo de la Oposición, que denunció que todo el proceso estuvo marcado por las irregularidades.
Los ciudadanos coincidieron con líderes políticos, sindicales y con los empresarios en elogiar la disposición al diálogo, en las muchas encuestas realizadas ayer, un par de horas después de concluida la primera fase de la reunión -que se reanudará el próximo lunes-. Hace pocas semanas parecía que el país se precipitaba por el abismo de la violencia. Las diferencias se mantienen, pero al menos se ha recuperado el diálogo.
Morales y los nueve gobernadores se reunieron durante casi 10 horas en la Casa de Gobierno y ante las cámaras de la televisión, que reflejaron un diálogo conciliador y de sorprendente apertura tras tantas amenazas cruzadas.
La agenda propuesta por los aspectos más polémicos -la nueva distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, el texto constitucional y los Estatutos autonómicos- quedó finalmente ampliada a otros puntos relativos a la unidad del país, el papel del Estado en la economía, el proceso de cambio dentro de la legalidad y una Ley corta de respeto a la propiedad pública y privada, entre otras.
El primer resultado ha sido comprobar que tanto la unidad de Bolivia y la democracia no están en riesgo, al menos aparentemente: todos los presentes -Morales, su vicepresidente, Álvaro García Linera, varios ministros y los nueve gobernadores- redoblaron su compromiso con la unidad del país. El gobernador Rubén Costas propuso incluso un ejemplar castigo para quienes promuevan la ruptura de Bolivia para dejar en claro que no es ese el propósito de Santa Cruz, el feudo de la Oposición.
