Un reporte señala que las situaciones sociales que se viven en la frontera Norte de México son de “extremo riesgo” para niños, niñas y adolescentes, debido a la exposición ante tratantes, traficantes y “polleros”. (Archivo)
Señalan que en México la corrupción y desidia policial es una de las causas principales para que la explotación y la trata de niños se desarrollen rápidamente.
En México, la explotación sexual y la trata de niños, especialmente en zonas de frontera, de turismo y en las grandes ciudades, pueden volverse una pandemia fuera de control si no se realiza un ejercicio intensivo y profundo de revisión de las políticas sociales dirigidas a la infancia, para llegar a las zonas críticas antes de que las situaciones de explotación y abuso se instalen impunemente, advirtió el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Relator Especial de la ONU sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, Juan Miguel Petit, detalla lo anterior en su más reciente informe, en el que subraya que en territorio mexicano la corrupción y desidia policial es una de las causas principales para que la explotación y la trata de niños se desarrollen en el país.
Advierte que lejos de ser una modalidad rústica o espontánea de delincuentes aislados, la explotación sexual de niños y adolescentes en México está vinculada a diversas formas del crimen organizado y a circuitos clandestinos del mercado sexual, donde la abundancia de dinero que generan estas actividades y las conexiones corruptas con diversos estamentos del sector estatal, facilitan el desarrollo de la explotación y vuelven con frecuencia una tarea imposible la persecución de los infractores.
Critica al sistema educativo por no estar preparado, ni técnica ni administrativamente, para recibir denuncias de abuso, explotación y trata por parte de sus estudiantes.
“Teniendo en cuenta la amplia cobertura de este sistema en todo el país, se está perdiendo la oportunidad de que el mismo actúe como primera barrera de contención a las violaciones de los derechos humanos de los niños y jóvenes”, indica.
Este informe es el resultado de la visita a México del Relator Especial llevada a cabo el año pasado, del 4 al 15 de mayo.
En ese lapso realizó una gira de trabajo a Guadalajara, Tijuana, Ciudad Juárez y el Distrito Federal, donde se entrevistó con funcionarios de los tres niveles de Gobierno responsables de hacer cumplir la Ley y de la protección de la infancia, así como con organizaciones de la sociedad civil.
El reporte subraya también que las situaciones sociales que se viven en la frontera Norte del país son de “extremo riesgo” para niños, niñas y adolescentes, debido a la exposición ante tratantes, traficantes y “polleros”, que cruzan a los menores de edad “unas veces para reunificarlos con sus familias emigradas y otras para entregarlos a manos de personas explotadoras”.
En ese sentido, el relator señala que es insuficiente el estudio de los casos de niños que, habiendo ingresado irregularmente en territorio mexicano, son deportados. Entre ellos hay muchos que requieren protección internacional, vienen huyendo no solamente de la pobreza sino también de “maras” (pandillas juveniles), de grupos criminales, de la violencia y del abandono familiar y social.
Dentro de las recomendaciones que hace Juan Miguel Petit es que todos los estados mexicanos (pues sólo tres los sancionan) deben considerar como delito grave la prostitución de niños.
Propone la conformación de un centro focal que reciba las informaciones y que articule un sistema de búsqueda inmediata y establecer centros especializados para menores que hayan sido víctimas de explotación sexual comercial infantil de manera urgente.
El Relator Especial recomienda además que se haga especial hincapié en el turismo responsable, en el que diversos gobiernos de la Federación sean cuidadosos a la hora de definir directrices a seguir en sus políticas de turismo, para evitar, como ya ha ocurrido en el pasado, que el Estado aliente inversiones que traen consigo conexiones con redes de explotadores de menores de edad.
