Un gasto adecuado en la estructura de seguridad pública en América Latina permitiría entrenar mejor a los agentes, ofrecerles más capacidad y medios para combatir la delincuencia y mejores sueldos para evitar la corrupción. (Archivo)
Destaca Human Rights Watch que la falta de iniciativas eficientes provoca la creciente actuación de mafias.
Human Rights Watch (HRW) considera que el obstáculo más grande al cumplimiento de los derechos humanos en buena parte de los países de América Latina es la ausencia de políticas serias y eficaces para mejorar la seguridad pública.
“El mayor problema para los derechos humanos, el que cruza toda la región, especialmente de México al extremo sur, es la seguridad pública”, dijo el director ejecutivo para Latinoamérica de HRW, José Miguel Vivanco, con motivo de la presentación del informe anual de la organización pro derechos humanos en Washington.
En opinión de Vivanco, de este análisis hay que excluir a Haití, Cuba, Venezuela y Colombia, porque estos cuatro países tienen una problemática que merece una consideración aparte.
Para Vivanco, la falta de iniciativas eficientes dirigidas a mejorar la seguridad pública en la región se manifiesta en la creciente actuación de mafias, de pandillas y de otros grupos dedicados al narcotráfico y al crimen organizado.
El grado de delincuencia es distinto en cada país, con mayor gravedad en México, Centroamérica y Brasil, según Vivanco.
A su juicio, en América Latina no se registran mejorías en este asunto y los políticos crean falsas expectaciones a la población, con discursos y propuestas deshonestas. La táctica de la clase política para abordar este fenómeno ha sido la demagogia y la mano dura, señaló Vivanco.
Para este experto, los dirigentes y políticos prometen incrementar las penas y fortalecer la presencia policial en las calles, pero no acometen las inversiones necesarias.
Un gasto adecuado en la estructura de seguridad pública permitiría entrenar mejor a los agentes, ofrecerles más capacidad y medios para combatir la delincuencia y mejores sueldos para evitar la corrupción, pero también fortalecer o incluso crear mecanismos de control internos y externos para impedir abusos, argumentó Vivanco.
Los agentes terminan corrompiéndose, cometen abusos y se cubren mutuamente ante la ausencia de mecanismos de sanción eficaces. Así “se convierten en parte del problema y no en la solución”, afirmó.
Según este experto, el caso “más grave y complejo” en Latinoamérica en materia de derechos humanos se da en Colombia, lo cual atribuyó a la violencia y la impunidad que reina allí, así como a la política de desmovilización de los paramilitares, que “no es rigurosa”.
Según este experto, EU puede jugar un papel importante, porque si bien Colombia es un aliado estratégico importante, “el tema de los derechos humanos no puede quedar postergado a un segundo nivel”.
Por eso, HRW se opone al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EU y Colombia, “no como una decisión permanente, sino como una herramienta de presión”.
“Es imprescindible que el Congreso dilate la ratificación hasta que Colombia pueda ofrecer resultados concretos y sostenibles”, concluyó Vivanco.
En cuanto a Venezuela, el directivo de HRW señaló que ese país ha registrado “serios retrocesos en la libertad expresión y en la separación de poderes”.
La buena noticia es, según este analista, que Venezuela “sigue siendo sociedad abierta donde hay un vibrante debate público”.
De acuerdo con Vivanco, en América Latina se han registrado avances importantes en Argentina, Chile y Perú, con el juicio contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori.
Por último, señaló que la Organización de Estados Americanos (OEA), “como órgano político que asumió el compromiso de velar por la salud de la democracia en América Latina, podría jugar un papel mucho más eficaz a la hora de mejorar la situación de los derechos humanos en la región”.
