Las universidades públicas del país ya resienten la creciente violencia en México, producto del choque entre las bandas del narcotráfico, por lo que de los fondos que se aprueban al servicio educativo para poco más de 2 millones de jóvenes ahora se desvían recursos al reforzamiento de las medidas de seguridad en sus planteles, incluso contratando elementos de la Policía Auxiliar Preventiva.
Hasta ahora, al presupuesto de estas instituciones no se ha incorporado el rubro de seguridad en los campus como gasto cotidiano que debe ser incrementado, coinciden.
Rectores de órganos como el Instituto Politécnico Nacional y de las universidades estatales de Sinaloa, Zacatecas, Veracruz y Tamaulipas, afirman que hasta ahora no han podido detectar si aumentó el consumo de estupefacientes entre alumnos o en planteles.
Sin embargo, los universitarios “se han convertido en los principales clientes” de organizaciones de narcotráfico porque son fáciles de inducir al uso de drogas o incorporarlos a las filas de los cárteles, advierten rectores de las universidades públicas del país.
Enrique Villa Rivera, director del IPN, señala que esa casa de estudios paga a 700 policías auxiliares para resguardar las instalaciones del Instituto; eso ha permitido identificar las zonas más violentas en torno a cada plantel y dar esa información a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal.
La violencia que se vive en Sinaloa hace que su Universidad Autónoma no quede exenta de rumores o de la violencia contra universitarios. En el último semestre, en dos ocasiones tuvo que ser evacuada ante la ola de rumores sobre la supuesta presencia de explosivos o posibles ataques.
El rector Héctor Melesio Cuén, dice que cuando se realizan los exámenes de ingreso “no les preguntamos a los estudiantes sobre las actividades familiares, eso les corresponde a las autoridades. La universidad pública es abierta”.
Sin embargo, han tomado medidas para resguardar la seguridad de los más de 117 mil universitarios con la instalación de 8 torres de videocámaras con la idea de salvaguardar el patrimonio y prevenir la violencia con los universitarios.
“Estamos redoblando la vigilancia con personal sindicalizado, con la posibilidad de incluso contratar seguridad privada, al tiempo que estamos hablando con los presidentes municipales para tener elementos en los alrededores de la universidad”, afirma.
