Veinticuatro horas después de que en medio centenar de ciudades cientos de miles de personas marcharon en protesta contra la inseguridad física y patrimonial que los agobia, una multitud de menor dimensión, pero dañada por problemas de gravedad semejante, éstos de inseguridad ambiental, se reunió en la Ciudad Universitaria de la UNAM en la primera asamblea nacional de afectados ambientales. A la mañana siguiente, el lunes primero de septiembre, efectuaron una marcha desde ese lugar hasta los domicilios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua. Caminaron en demanda de que se satisfaga el “derecho de todos los mexicanos a un ambiente sano y a favor del derecho a la información verídica y confiable sobre la crítica situación socioambiental del país”.
Los participantes en esa reunión y marcha llegaron desde decenas de localidades en siete estados del país especialmente afectadas por acciones u omisiones de particulares y autoridades que ponen en riesgo la salud, la integridad física y la vida de millones de personas. No es una exageración hablar de esa cifra cuando se piensa en, por ejemplo, la cauda mortífera que lleva consigo el río Lerma Santiago desde su nacimiento en el Estado de México hasta su desembocadura en Jalisco. O cuando se tiene en cuenta que tiraderos de basura urbana o desechos tóxicos en Morelos, Hidalgo y la entidad mexiquense han ensuciado y aun envenado –o lo harán cuando funcionen proyectos en marcha— aguas de consumo humano generalizado.
La convocatoria a los afectados ambientales formuló este preocupante diagnóstico:
“A 26 años de la imposición de las políticas ambientales neoliberales en nuestro país hemos sufrido el avance constante de la contaminación de aguas, aire y suelos; la exposición de la población a la operación de cientos de basureros tóxicos y descargas incontroladas a los ríos; millones de toneladas de residuos urbanos e industriales de alta peligrosidad; el envenenamiento de los acuíferos por la infiltración de lixiviados, la erosión de los suelos y la deforestación o la contaminación del aire de las ciudades con las emisiones de automóviles e industrias; el saqueo de nuestros recursos naturales y el despojo a las comunidades; el crecimiento irracional de las ciudades con el fin de incrementar las ganancias de las grandes constructoras; aparatosos proyectos carreteros, grandes presas hidroeléctricas y otros megaproyectos que buscan beneficiar a intereses privados sin importar las consecuencias, que lesionan las formas productivas y culturales de nuestros pueblos e impactan de manera irreversible el medio ambiente; desprotección de las poblaciones que se enfrentan a las devastadoras inundaciones y prolongadas sequías derivadas del calentamiento global y los cambios climáticos, propiciadas por las graves emisiones contaminantes de los países dominantes…
“Desde el sexenio de Miguel de la Madrid los conductores neoliberales del país convirtieron al bajo precio de la mano de obra y a la destrucción del medio ambiente en las dos principales ventajas comparativas que la economía nacional tenía para competir dentro del mercado mundial (pues configuró) la atractiva posibilidad de invertir en México y desarrollar negocios industriales, agropecuarios, forestales, turísticos, inmobiliarios, de infraestructura, etc., sin ninguna restricción ambiental efectiva. El recorte de las leyes ambientales previamente existentes, su deformación o su falta de previsión han convertido al país en un paraíso de la acumulación antiecológica y salvaje”.
Según la asamblea de afectados ambientales la “Semarnat está obligada a responder por su tolerancia a la destrucción irreversible de nuestro entorno”. Pero no lo hace y, al contrario, reacciona con displicencia insultante a denuncias como la de Reforma a la destrucción del bosque, en los límites de México y Michoacán, que significa reducir el hábitat de la mariposa Monarca, que un mal día comprobará la desaparición de la meta de su largo viaje desde Canadá. El funcionario encargado del asunto lo minimizó aceptando el daño, pero asegurando que es leve, “poquito”.
Un caso típico de desatención de las autoridades a la gravedad de los problemas ambientales es el basurero de Loma de Mejía, diseñado para recibir los desechos de la aglomeración urbana en torno de Cuernavaca. Se ha probado que ese lugar es una zona particularmente permeable, por cuyo subsuelo se filtrarán lixiviados (veneno líquido procedente de la basura) hacia el acuífero, hacia los ríos que corren por las cañadas y barrancas de la “ciudad de la terna primavera”, que dejará de serlo si se insiste en ese proyecto vitando, es decir si se acepta la violación a la norma 083 que prohíbe ese genero de proyectos en áreas hidrológicas vulnerables
Quienes se oponen a su construcción ofrecen alternativas. Un grupo de estudiosos, académicos aliados a los pobladores más alerta de la comarca afectada, ha examinado varios otros lugares donde es más conveniente establecer la recepción de los desechos urbanos, Pero al son de “esta mula es mi macho”, las autoridades federales, estatales y municipales involucradas van adelante, enfrentando la protesta de los afectados. No parecen considerar siquiera el riesgo de que la actual movilización magisterial y social refuerza la oposición al basurero de Loma de Mejía y lo convierta en un problema político que los gobiernos autoritarios resuelven mediante el uso de la fuerza.
