En un comunicado, el grupo armado niega que esté vinculado con narcotraficantes y rechaza estar involucrado en el asesinato del mando policiaco, Alejandro Barrita, de Oaxaca.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) manifestó su rechazo a la reforma judicial que debate el Congreso de la Unión y pidió, de nueva cuenta, la presentación de todos los desaparecidos políticos del país.
A través de un comunicado, con fecha de hoy, expresó haber realizado una consulta por sus propios medios y en el seno de diferentes sectores sociales, de la que habría obtenido cuatro grandes conclusiones.
Primero, la que llaman “alegría” entre la población por sus acciones de autodefensa (los atentados a instalaciones de Pemex, del año pasado), a las que anunció que dará continuidad, aunque no ofreció mayor detalles en esta comunicación.
Segundo, inconformidad entre miembros del Ejército mexicano por tener que atacar a “hermanos mexicanos” y ser obligados a “defender intereses de oligarcas trasnacionales”.
Tercero, que hay sectores sociales “dispuestos a inmolarse heroica y radicalmente”, pero a los que pide primero “prepararse en las lecturas de las experiencias de nuestro lineamiento político”.
Cuarto, que hay “revolucionarios que han sido cooptados por inteligencia militar mexicana y están haciendo un llamado a la unidad a toda costa”, lo cual concluye el grupo armado no es posible en el actual momento.
En su comunicado, rechaza estar vinculado con grupos de narcotraficantes. “No somos parte de la delincuencia organizada, somos luchadores sociales”.
Se deslinda además del asesinato del Alejandro Barrita, mando policial oaxaqueño, aunque reconoce que fue un represor y responsable de la desaparición de sus militantes Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
En el mensaje, el grupo armado no aborda el caso de la explosión en la colonia Roma, de la semana pasada.
Señaló que el nombramiento de Juan Camilo Mouriño como secretario de Gobernación y su rechazo a dialogar con esta fuerza armada, “confirman nuestro diagnóstico de que no habrá modificaciones en la política de Felipe Calderón antidemocrática y contraria al respeto de los derechos humanos”.
