El Gobierno de México "generalmente respeta y promueve" los derechos humanos pero, aún y todo, en el país persisten problemas de "impunidad y corrupción" a niveles estatales y locales.
Esa es la principal conclusión del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2007 que divulgó hoy el Departamento de Estado de EU y que en un apartado de 29 páginas repasa la situación en México.
El informe destaca que, aunque las autoridades civiles generalmente mantienen un control efectivo de las Fuerzas de Seguridad, se dan frecuentemente instancias en las que elementos de estas fuerzas actúan independientes de la autoridad del Gobierno.
Por tanto, afirma que la "impunidad y la corrupción" continúan siendo problemas, particularmente en niveles estatales y locales.
El Gobierno de Estados Unidos indica que se ha informado de asesinatos ilegales llevados a cabo por fuerzas de seguridad, secuestros, incluidos algunos llevados a cabo por policías, abusos físicos, pobres condiciones en las prisiones, arrestos y detenciones arbitrarias.
Se destacan también como problemas la corrupción, la falta de eficiencia y la ausencia de transparencia en el sistema judicial, así como la "intimidación criminal de periodistas que les lleva a autocensurarse".
En la lista de problemas se incluye además la "corrupción a todos los niveles del Gobierno", la violencia doméstica contra las mujeres, a menudo perpetrada con impunidad, así como otros tipos de violencia que llevan incluso a la muerte, contra el género femenino.
Igualmente figura el tráfico de personas que, dicen, se lleva a cabo en algunos casos con implicación oficial, la discriminación económica y social contra los pueblos indígenas y el abuso laboral de los niños.
Sin embargo, se destaca que ni el Gobierno ni sus agentes cometieron asesinatos motivados políticamente.
No obstante, afirma que sí hay informes que indican que las Fuerzas de Seguridad actuaron tanto dentro como fuera de la línea de servicio y mataron a varias personas durante 2007.
En este apartado hace referencia, por ejemplo, al episodio del pasado 2 de junio en Sinaloa, donde soldados dispararon y mataron a una familia de cinco personas y subrayan que el Gobierno ya arrestó y acusó a tres oficiales y 16 reclutas en conexión con estos asesinatos.
El informe subraya, por otra parte, que no ha habido nuevos desarrollos en torno al enfrentamiento, el 20 de abril de 2006, de las autoridades estatales y federales con mineros que se declararon en huelga en el estado de Michoacán, y en el que dos mineros murieron y otros 53 resultaron heridos.
En relación al "conflicto prolongado" que se registró en el estado de Oaxaca en mayo de 2006, por la huelga que declararon miembros del sindicato de maestros para reclamar un aumento salarial y que provocó, directa o indirectamente, la muerte de 20 civiles, el Gobierno "no ha resuelto ninguna de las alegaciones de abusos o asesinatos" que se registraron.
Igualmente señala que no se han hecho progresos en la investigación de la muerte del periodista estadounidense Bradley Will, que cubría los sucesos en Oaxaca y que murió en octubre de 2006.
La violencia generada por el narcotráfico también figura en el informe, que señala cómo el Gobierno de Felipe Calderón ha movilizado más de 20 mil soldados y policías en más de 20 estados para combatir a los traficantes de droga.
Citando medios de prensa, el informe indica que la violencia de los narcotraficantes se cobró la vida de aproximadamente dos mil 470 personas, entre ellos 300 policías y 27 soldados durante el pasado año.
