Bajan sanciones e inspecciones por violaciones a Ley o daños ecológicos.
Durante la gestión de Ignacio Loyola como titular de la Profepa se redujeron diversas acciones de vigilancia ambiental y de sanción por violaciones a la legislación de protección ecológica.
De acuerdo con informes de la dependencia, entre 2004 y 2007 las inspecciones en áreas naturales protegidas pasaron de 7 mil 513 a 928; las inspecciones forestales de 7 mil 570 a 6 mil 437, y las auditorías ambientales de 889 a 847.
En el mismo periodo, las multas a empresas contaminantes se redujeron de 2 mil 450 a 2 mil 7; las clausuras de 48 a 26, y las cancelaciones de obras irregulares de 121 a 30.
Además, en 2005 y 2006 la Profepa perdió mil 448 juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Loyola, ex gobernador de Querétaro, asumió la titularidad de la Profepa en junio de 2005 y fue ratificado en el puesto por el presidente Felipe Calderón. Renunció el pasado 31 de diciembre, argumentando razones personales. La gestión del panista, consideraron ambientalistas, se caracterizó por la complacencia ante claras violaciones a las leyes de protección ecológica.
“El de Loyola fue un nombramiento político. Se dejaban pasar cosas, simulando que no pasaba nada, como por ejemplo con la pérdida de manglar en Quintana Roo, donde siguieron las obras de desarrollos turísticos y la Profepa estaba desaparecida del lugar”, indicó en entrevista Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Para Greenpeace, Loyola mostró falta de voluntad para frenar la tala ilegal de los bosques, para evitar la sobrepesca en zonas restringidas, y para perseguir a los desarrolladores turísticos que infringen la ley.
En un pronunciamiento sobre la renuncia del funcionario, la organización ambientalista advirtió que la Profepa enfrenta una situación de debilidad institucional por la insuficiencia de sus facultades legales y la falta de recursos y personal.
Araceli Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab, organización ambientalista de Quintana Roo, sostuvo que Loyola se plegó a los intereses de los grandes desarrolladores turísticos y no fue capaz de garantizar la aplicación de la legislación ambiental.
“El nuevo procurador tendría que ser una persona que conozca perfectamente las leyes y que tenga conocimiento en cuestiones de medio ambiente”, subrayó.
En tanto, Carlos Sandoval Olvera, presidente del Consejo Nacional de Industriales Ecologistas (Conieco), destacó que en la gestión de Loyola se privilegiaron los compromisos voluntarios de las empresas en materia de cuidado ambiental.
“Por supuesto que los compromisos voluntarios no garantizan que sean revisados, pero ayudan a eficientar la labor de los inspectores que de otra manera son insuficientes”, apuntó.
Piden capacidad
Organizaciones ambientalistas demandaron que el relevo en la Profepa se decida con base en criterios de capacidad profesional y no de reparto político.
“Necesitamos a una persona de trayectoria, no una dádiva política”, indicó Gustavo Ampugnani, director de campañas de Greenpeace.
Se pronunció además por impulsar reformas legales para dotar a la Profepa de mayores capacidades de sanción y de autonomía ante la Semarnat.
Gustavo Alanis, del Cemda, consideró que la Profepa debe estar encabezada por una persona que conozca las leyes de protección ecológica y tenga un interés ambiental genuino.
Desde su creación, en 1992, la Profepa ha tenido siete titulares, cinco de ellos con un perfil más político que técnico: Santiago Oñate, Mariano Palacios, Miguel Limón, José Luis Luege e Ignacio Loyola.
Acapara multas Pemex
Petróleos Mexicanos (Pemex), la actividad forestal y el sector turismo concentran la mayor cantidad de multas por violaciones a la legislación ambiental.
Según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), esa dependencia impuso 4 mil 859 multas en los primeros 10 meses de esta Administración.
De ese total, 2 mil 7 sanciones correspondieron a contaminación generada por la industria, y de ellas, 213 a Pemex.
El monto de las multas para el sector entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de septiembre de 2007 ascendió a 156 millones 994 mil pesos, y el de las aplicadas a la paraestatal a 74 millones 326 mil pesos.
Las sanciones a Pemex correspondieron a violaciones a legislación ambiental registradas en 9 entidades, de las cuales 70% ocurrieron en Tabasco y 20% en Tamaulipas.
La Profepa intervino, en la mayoría de los casos, por fugas en ductos de la empresa y por daños ambientales ocasionados por diversas obras a su cargo.
El sector salud -incluyendo hospitales públicos y privados, laboratorios de análisis y empresas farmacéuticas- acumuló 280 multas, con un monto total de 4 millones 224 mil pesos.
Zonas vulnerables
La Profepa impuso 2 mil 852 multas relacionadas con violaciones a la Ley en materia de protección ecológica.
Más de la mitad de esas sanciones, mil 528, correspondieron al sector forestal; 524 a violaciones a la ley en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), y 94 a irregularidades en obras de infraestructura turística en zonas costeras.
Las entidades con mayor número de multas fueron Sinaloa, con 189; Oaxaca, con 183, e Hidalgo, con 162.
Entre los sancionados se encuentran desarrolladores turísticos, hoteles, restaurantes, barcos pesqueros, minas y aserraderos.
La Profepa tiene facultades legales para realizar inspecciones, iniciar procedimientos administrativos por delitos ambientales y, en su caso, imponer multas. Los delitos incluyen contaminación de cuerpos de agua, daños a ecosistemas, tala clandestina y tráfico de especies, entre otros.
La legislación ambiental permite, sin embargo, conmutar las multas por acciones de restauración en las zonas afectadas.
Para Gustavo Alanis, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el esquema de sanciones de la Profepa es poco transparente y contribuye muy poco a frenar el daño ecológico.
Los recursos captados se entregan, sin etiquetar, en la Tesorería de la Federación, explicó, por lo que pueden ser utilizados para fines no necesariamente ambientales.
