El reto que plantea hoy día la cuestión energética en México, es que el petróleo que forma parte de nuestro patrimonio nacional se encuentra en aguas profundas, lo que implica que su explotación requiere de una alianza estratégica con capitales privados y con empresas poseedoras de tecnología de punta, idónea para perforar de mil a tres mil metros bajo el nivel del mar en proyectos mínimos de diez años de plazo.
El Gobierno Federal ha montado una campaña de difusión al respecto que es calificada como “propaganda” por sus detractores y de “toma de conciencia” por quienes advierten la necesidad de acometer el reto, mediante un consenso de Gobierno, fuerzas políticas y sociedad. Lo anterior, porque la Constitución de la República y las leyes en materia de energía, consagran el monopolio de la explotación petrolera a favor del Estado, limitando las posibilidades de participación de elementos técnicos y financieros externos.
El Partido de la Revolución Democrática representa la mayor oposición a la reforma energética (y a toda reforma), y al efecto la dirigencia de ese partido y sus diputados y senadores al Congreso de la Unión siguen la postura radical del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que implica un no rotundo a cualquier intento por discutir el tema, refugiándose en el argumento ilusorio según el cual, el Gobierno Federal debe modernizar Pemex con recursos propios cuya procedencia resulta inexplicable.
En la cerrazón frente al tema energético, los radicales tienen a su favor la existencia de una cultura dogmática erigida a lo largo del Siglo Veinte, arraigada profundamente en la conciencia nacional en el mito según el cual “el petróleo es nuestro”, a partir de la expropiación de las compañías petroleras decretada por el Gobierno de Lázaro Cárdenas en 1936.
No ha sido fácil luchar contra ese mito que en la realidad significó que el petróleo y todo el país fueran controlados por una minoría. Ni siquiera los contundentes ejemplos de China, Cuba y Brasil que teniendo sistemas socialistas han abierto sus puertas a la inversión extranjera en el tema que nos ocupa, son suficientes para convencer a los perredistas que se aferran por razones de estricta conveniencia.
El Gobierno por su parte se distancia de la fracasada política de iniciativa intentada durante el régimen de Vicente Fox, en el que al decir del entonces titular del Ejecutivo “el Presidente Propone y el Congreso dispone…”. Tal postura derivó en un desencuentro sistemático, porque bastaba que una propuesta viniera del Presidente para que fuera rechazada por los partidos de oposición en el Congreso.
La razón es obvia, la oposición apostaba al fracaso de la alternancia y el mejor modo de hacerlo era conducir al país a la parálisis evitando que el Gobierno en turno y el partido en el Gobierno asumieran el mérito que conlleva la modernización y “se pusieran las medallas”. Sin embargo, tal estrategia quedó descalificada en razón de los resultados de la elección de 2006, en la que repitió en el Gobierno el Partido Acción Nacional aunque por estrecho margen, lo que ha llevado al PRD a un mayor radicalismo y al PRI a intentar nuevas formas de apertura que le permitan ser vista como opción propositiva de cara a las próximas elecciones.
Ante esta postura, abundan las críticas al Presidente de la República al que se acusa de “echarse en brazos de los priistas”, lo que pretende colocarlo en los extremos del entreguismo o la confrontación como única y lamentable alternativa. Lo cierto es que este país debe procurar el consenso so pena de la inmovilidad institucional y la pérdida de la estabilidad social y por el camino de la concertación debemos transitar aunque les pese a los profetas del desastre.
Después de negarse al diálogo, los perredistas enseguida demanden una iniciativa presidencial sobre el tema energético, con el único y enfermizo objetivo de rechazarla venga como venga, no obstante que en su momento proclamaron que no permitirían siquiera discutir el tema.
El Gobierno de Calderón parece haber aprendido la lección del pasado reciente y no muestra interés en proponer ninguna iniciativa por sí solo, sino en generar propuestas en consenso, invitando a compartir la ganancia y el costo político resultantes. A ello se debe que la estrategia del Gobierno de Felipe Calderón en materia energética, se reduzca al planteamiento del problema y a la difusión de las soluciones tales cuales han sido asumidas por otros actores en diversas latitudes del planeta.
Es posible que semejante estrategia no lleve a nuestro país a una reforma energética integral o de los alcances que la magnitud del reto y el largo plazo plantean, sin embargo, el gradualismo es la tónica de este Gobierno que considera que la reforma en la medida en que pueda lograrse es mejor que ninguna.
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