El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, manifestó este domingo su preocupación por los problemas que puede agregar, para el respeto a los derechos humanos de los involucrados en un proceso penal, la implantación del sistema de juicios orales.
En un pronunciamiento sobre el tema, alertó que se requiere de normas específicas para evitar "la posible participación interesada de falsos testigos de cargo y descargo".
También deben contemplarse medidas para sancionar las conductas de policías u otros servidores públicos que obstaculicen el conocimiento y la determinación de la verdad histórica, dijo el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Soberanes destacó que la aplicación progresiva del juicio oral contradictorio demandará a los poderes judiciales –el federal y los estatales— multiplicar capacidades por lo menos cinco veces con respecto a las actuales, pues si un juez atiende hoy un promedio anual de 500 expedientes, con la reforma sólo podrá atender aproximadamente una quinta parte.
“ Lo anterior significaría que, en ocho años (periodo en el que entrará en vigor el nuevo sistema), deberán multiplicarse por cinco los actuales presupuestos del poder judicial federal y de los estatales, para contar con el personal suficiente que de efectividad a la nueva disposición", manifestó.
Enfatizó, sin embargo, que ese periodo supera el del mandato de todos los promotores de la reforma, lo que "arroja incertidumbre acerca de la necesaria continuidad institucional que se requiere para implantar un sistema de naturaleza tan compleja", por lo que se requiere conocer planes, programas y presupuestos necesarios para instrumentare esa reforma.
El ombudsman también destacó que, en el actual sistema de justicia penal, el atraso cultural de grandes segmentos de la población y otras desigualdades sociales permiten imponer penas privativas de libertad a personas carentes de defensa jurídica profesional.
"Tal anomalía no debe aumentar como consecuencia de la mayor celeridad de los juicios orales", sostuvo, y advirtió que, por otra parte, también se corre el riesgo de "pervertir el verdadero fin
de los juicios orales", para no juzgar a nadie.
Se convertiría así a la justicia penal en un espacio donde se negocien “en lo oscurito”, las sentencias, con evidente beneficio para los ricos y los poderosos y perjuicio para los pobres y los ignorantes, consideró.
Señaló además que la impunidad, la corrupción y la ineficacia en varios aspectos del sistema de justicia exigen una reforma integral y de fondo, que resuelva temas como la independencia del Ministerio Público; la conmutación de penas privativas por trabajo comunitario, la falta de control de las policías, y la erradicación de los lastres del sistema de reclusión, entre otros.