Denuncia militar ahora a directora de Procuraduría Estatal; funcionaria presentará denuncia penal por difamación.
El general de la Segunda Región Militar con sede en Mexicali, Sergio Aponte Polito, quien el miércoles divulgara en una carta los presuntos vínculos que mantienen todas las corporaciones policiacas adscritas a Baja California con el crimen organizado, difundió una nueva misiva donde amplía sus acusaciones.
En concreto, se refirió al caso de la directora de Control y Seguimiento de la Procuraduría General de Justicia del estado, Sonia Patricia Navarro Navarro, a quien evidenció como protectora de un Cártel del narcotráfico y “fiel” representante de esa organización criminal desde hace muchos años.
De acuerdo a la información aportada a través de esta carta, la funcionaria estatal ha sido solapada en los últimos tres sexenios de extracción panista y ha aprovechado el cargo para informar, proveer y filtrar datos directamente a la cúpula del Cártel de los Arellano Félix.
La “meteórica carrera” de Navarro, establece el documento, inició hace 10 años cuando el 16 de septiembre de 1998 fueron acribilladas con proyectiles de alto poder 20 personas entre mujeres, hombres y niños en el poblado Sauzal de Rodríguez y ella interviniera como agente del Ministerio Público del Fuero Común.
“Este asunto tomó más de dos años en ser resuelto, gracias a los favores hechos por la señora tanto a los hermanos Arellano Félix como al propio Ismael Higuera Guerrero, mejor conocido como “El Mayel”, lográndose con esto detener únicamente a tres o cuatro “implicados” y a “chivos expiatorios”, pero no a los verdaderos responsables.
En respuesta, la asesora legal de Sonia Patricia Navarro, la subprocuradora de Ensenada, Lidia Gallegos, informó que su clienta presentará una denuncia penal por difamación en contra del jefe militar.
En tanto que el procurador de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, a quien le fue enviada la primera misiva, informó que ya turnó a la dirección de asuntos internos y a la Procuraduría General de la República (PGR) los señalamientos hechos por Aponte Polito en contra de 11 efectivos municipales y estatales implicados presuntamente con el narco.
El asunto detonó el miércoles cuando el mando castrense señaló en una carta que todas las corporaciones policiacas de Baja California no sólo están coludidas con líderes mafiosos responsables de secuestros, “levantones” y homicidios, sino que además ofrecen protección a narcotraficantes.
Como respuesta al procurador estatal, Rommel Moreño Manjarrez, quien le exigió pruebas de señalamientos, el general de la Segunda Región Militar le envió una extensa carta en la cual detalla actos de corrupción en los que -con base en denuncias ciudadanas e investigaciones castrenses- están involucrados policías federales, estatales y municipales.
En el texto, cuya copia se envió a los medios de comunicación del estado, vincula con el crimen organizado a Jesús Nelson Rodríguez, ex jefe del Grupo Antisecuestros de la Procuraduría local, y a Sonia Patricia Navarro, ex subprocuradora en Ensenada y ex directora de la Policía Ministerial.
En la misiva no sólo figuran estos dos personajes. Involucra además al jefe del Grupo Antisecuestros de la Subprocuraduría contra el Crimen Organizado, José Heredia González, quien junto a los agentes ministeriales Marco Javier Luján Rosales y Arturo Quetzalcóatl Vargas Zermeño —acusó— se dedicaba al secuestro.
La carta proporcionó los nombres de 12 agentes de la Policía de Playas de Rosarito, presuntamente vinculados con el atentado contra el secretario de Seguridad Pública local, Jorge Eduardo Montero.
Aponte Polito evidenció que los hechos se cometieron en la actual Administración de José Guadalupe Osuna Millán y del Gobierno anterior de Eugenio Elorduy Walter, ambos emanados del Partido Acción Nacional (PAN).
