“Oh, robo más bajo, Que hemos robado aquello que tememos conservar”.
Shakespeare (Troilo y Crésida)
Los edificios no cometen delitos. Reaccionar ante la tragedia del New’s Divine expropiando el edificio en que se encontraba este centro de diversión es como despojar de sus hogares a Marcelo Ebrard, Joel Ortega, Francisco Chíguil y Guillermo Zayas por los pecados de omisión y comisión que resultaron en la muerte de 12 personas el 20 de junio.
La información disponible señala que los responsables de la tragedia del 20 de junio no fueron los operadores de la discoteca New’s Divine ni mucho menos los dueños del inmueble ubicado en la calle 303, número 186, de la colonia Nueva Atzacoalco, en la delegación Gustavo A. Madero. El primer responsable de las muertes fue la persona que dio la instrucción de no permitir que salieran los jóvenes que se encontraban en el interior del local y que murieron así sofocados en su intento de escapar. Es muy probable que quien haya cometido esta falta sea el ex comandante de Unipol en Gustavo A. Madero Guillermo Zayas, a quien el Gobierno capitalino ha acusado de homicidio doloso, aunque hasta el momento no hay pruebas claras de ello. Pero el segundo responsable es quien haya dado órdenes para que se llevaran a cabo operativos policiales cuyo propósito aparente era detener a jóvenes sin orden de aprehensión con el fin de extorsionarlos. Es probable que el responsable de haber ordenado los operativos haya sido el secretario de Seguridad Pública Joel Ortega o incluso el jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard. Pero no por eso deben expropiarse sus hogares.
La decisión de consignar al representante legal del New’s Divine, Alfredo Maya Ortiz, por corrupción de menores es un abuso. Proceder ahora a expropiar el inmueble, el cual aparentemente no es siquiera propiedad del operador de la discoteca, se antoja como una aberración legal.
Las expropiaciones se han convertido en el arma favorita del Gobierno capitalino de Marcelo Ebrard para castigar a quien sea por lo que fuere sin recurrir a un proceso legal. Si Maya Ortiz es responsable realmente del delito de corrupción de menores, un juez debe evaluar las pruebas y fallar en su contra para que se le castigue. Pero Ebrard ha preferido tomar el camino de los gobernantes autoritarios y no ha esperado a que se desarrolle el juicio. Prefiere ser acusador, fiscal, juez y verdugo al mismo tiempo. No tiene por qué pretender que en México uno puede ser inocente hasta que se compruebe su culpabilidad.
El texto de la expropiación publicado ayer en la Gaceta Oficial del Distrito Federal nos recuerda a los mexicanos que nuestros bienes sólo son nuestros mientras la autoridad así lo disponga. El decreto de Ebrard cita el texto constitucional según el cual “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación”. En otras palabras, en México la propiedad privada sólo existe como una generosa concesión del Gobierno… y el Gobierno puede extinguirla cuando quiera.
Ante su incapacidad para cumplir con la función de proteger del crimen a los ciudadanos, el Gobierno capitalino ha optado por recurrir a poderes dictatoriales para castigar sin juicio a quienes considera responsables de delitos. Por eso ha hecho expropiaciones en contra de vecinos del barrio de Tepito y de la delegación Iztapalapa. Ebrard ha empezado incluso a hacer expropiaciones de predios que no son propiedad de los presuntos delincuentes. Alquilar una casa a una persona, y no saber que en su interior se comete algún presunto delito, es suficiente para que el Gobierno lo despoje a uno de la propiedad. Estamos ante un nuevo tipo de falta que podríamos llamar “delito por arrendamiento”. Las leyes no la tipifican, pero eso no es problema para un Gobierno arbitrario.
Algunos jueces han tenido el valor de suspender, cuando menos provisionalmente, ciertas expropiaciones ordenadas por el Gobierno capitalino; pero los procesos no han concluido. El jefe de Gobierno, por otra parte, ha demostrado que no le importa destruir predios catalogados como históricos en su afán expropiatorio. Así, cuando llega una orden de un juez, puede argumentar que no es posible devolver lo que ya no existe.
Quizá usted piense que por no haber cometido algún delito está a salvo de las expropiaciones del Gobierno del Distrito Federal. Pero nunca puede uno sentirse seguro ante la arbitrariedad. La ley promete considerarnos inocentes de cualquier acusación hasta que un juez nos declare culpables. Pero las expropiaciones están diseñadas precisamente para colocar al ciudadano en la indefensión. Si no levantamos hoy la voz de alarma, mañana será nuestra casa la que expropie un Gobierno convertido en acusador, fiscal, juez y verdugo.
BOLETAS ELECTORALES
El presidente del IFE, Leonardo Valdés, ha aceptado en principio la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de no quemar las boletas de la elección presidencial del 2006 como ordena la legislación electoral mexicana. La petición de la CIDH busca dar tiempo para estudiar la demanda presentada por la revista Proceso que pide que se preserven y muestren los paquetes. Nada sería más positivo para la salud política de nuestro país. Qué lástima que tenga que ser una instancia internacional la que solicite lo que las leyes mexicanas no pueden darnos.
