El Consejo de Seguridad pidió ayer la valoración de todos los policías con pruebas de confiabilidad.
Solicitan la valoración de todos los policías con pruebas de confiabilidad.
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y el Grupo Empresarial de la Laguna (GEL) aplaudieron las últimas detenciones de secuestradores, sin embargo, coincidieron en que esto no es suficiente. Exigieron que se recupere la seguridad en La Laguna.
Alfonso Cruz Barba, presidente del Consejo de Seguridad, pidió la valoración de todos los policías con pruebas de confiabilidad. Señaló que todos los negocios de los diferentes ramos se han visto afectados por la inseguridad, lo que se ha visto reflejado en que cierren dos o tres horas más temprano y en la baja afluencia de clientes a los establecimientos.
Censuró que no se envíen aún las armas largas a los policías de la Municipal, que fueron pagadas desde hace un año, todo porque el Estado no ha cumplido con el trámite, lo que constituye además un motivo de revisión continua para los elementos locales por parte de la Policía Federal.
Carlos Rangel, consejero por parte de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), señaló que hay un relajamiento de los cuerpos policiacos en cuanto a la confiabilidad de los elementos. Advirtió la necesidad de un análisis en cuanto a la aplicación de los recursos, ya que la Policía requiere vehículos y armas.
“Los gobernantes deben dejar de hacer campaña política para atender los problemas de gravedad”, dijo, “hay un relajamiento administrativo y operativo, el primero es un problema por la capacidad administrativa de quienes manejan los cuerpos policiacos y el segundo en términos de la vigilancia en las calles”.
Rafael Sosa, ex presidente del Consejo de Seguridad, dijo que se desconocen los perfiles de las personas que ocupan los puestos en las policías, por lo que indicó que una de las principales crisis al respecto es que no hay una Policía de carrera.
Guillermo Puente, vocero del GEL, dijo que es una realidad que continúan los hechos delictivos en la ciudad y las acciones realizadas resultan insuficientes. Recordó que la Iniciativa Privada y la ciudadanía organizaron una marcha silenciosa, además de que las cámaras han manifestado públicamente en diferentes ocasiones a las autoridades su inconformidad ante los problemas de seguridad en la región.
Los empresarios exhortaron a la ciudadanía a denunciar, a fin de que ésta no sea una excusa de las autoridades para no cumplir con su función.
Arraigan a presuntos secuestradores
Por 20 días se dictó la orden de arraigo contra los presuntos integrantes de una banda de extorsionadores y secuestradores que fue desarticulada por agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC).
En el Juzgado Primero del ramo penal se concedió el arraigo para las dos mujeres, una mayor de edad y los tres jóvenes que inicialmente enfrentan cargos por el delito de extorsión y según la Procuraduría, a la par se integrará una averiguación previa por secuestro.
Los detenidos forman parte de una banda encabezada por Damaris Chacón Carrillo y su pareja Samuel Sáenz de la Cruz, alias “El Samy”, quienes se encuentran prófugos y ya fueron boletinados en todos los estados de la República Mexicana. Bajo arraigo en un hotel de la localidad se encuentran María Magdalena Carrillo Mora, de 53 años, Obed y Perla Chacón Carrillo de 20 años, José Armando Valdez Alvarado, de 20 años y Carlos Alfonso Ramos Fuentes de 18 años.
Por otra parte se informó que el Ministerio Público consignó la averiguación previa por el delito de secuestro y solicitó a la autoridad judicial la orden de aprehensión contra dos presuntos plagiarios que se encuentran bajo arraigo desde hace dos semanas.
Alejandro Núñez Martínez, de 23 años, alias “Cabeza de Vaca”, de oficio agricultor, fue señalado por la PGJEC como líder de la banda de secuestradores que atacaba a microempresarios, la mayoría del poniente de la ciudad. Dentro de las investigaciones también se efectuó la localización y posterior arraigo de Luis Jaime Ruiz Fernández, de 44 años, dueño de un taller de autos ubicado en Gómez Palacio, cerca de la colonia Nuevo Los Álamos, acusado de modificar los vehículos que recibían los secuestradores como pago de sus víctimas.
