Con 107 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones el Senado avaló la Ley para el Fomento del Libro y la Lectura, que establece el precio único para los libros y que fue vetada en 2006 por el entonces presidente Vicente Fox.
Al hablar en favor del dictamen, el presidente de la Comisión de Educación, Fernando Elizondo Barragán, afirmó que al vetar la ley se afirmó que estimularía prácticas oligopólicas en detrimento del consumidor y del mercado de libros.
Detalló que el argumento de entonces Ejecutivo federal en septiembre de 2006 para devolver la ley al Congreso fue que el precio único desplazaría a los agentes vendedores al menudeo y obstaculizaría la libre competencia.
Sin embargo, Elizondo Barragán dijo que la disminución artificial de precios en más de tres mil tiendas de autoservicio y departamentales ha contribuido al cierre de librerías, impiden el desarrollo de nuevos puntos de vista e inhiben su comercialización.
En cambio, el precio único del libro acabará con la concentración de altos volúmenes de libros en pocos canales de comercialización, que desplazan la competencia y reducen el surtido de los textos, subrayó.
El senador sostuvo que el precio único del libro está vigente en varios países como Argentina y España, donde ha tenido éxito y ha fomentado la producción editorial, la apertura de librerías y el hábito de la lectura.
Reconoció que "hay voces que advierten de consecuencias negativas", por lo que el Senado estará atento al comportamiento de la producción, distribución y la venta de libros.
"Si hubiera efectos no deseados estaremos atentos para hacer los cambios pertinentes mediante una reforma", adelantó el legislador por Nuevo León.
La ley crea el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, que será presidido por el secretario de Educación Pública, y deberá ejecutar el programa de Fomento para el Libro y la Lectura.
La legislación, turnada a la Cámara de Diputados, obliga a toda persona física o moral que edite o importe libros a fijar, de manera libre, un precio único de venta al público, que será registrado en la base de datos del consejo.
Así, los vendedores de libros al menudeo deberán aplicar el precio único de venta al público sin ninguna variación, aunque no operará para las compras que hagan el Estado, las bibliotecas y los centros de enseñanza y formación profesional.
Además, a propuesta del senador José González, se modificó el Artículo 26 para que los vendedores puedan aplicar precios inferiores al precio único cuando se trate de libros que tengan 18 meses o más de haber sido editados o importados.
