La comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por unanimidad, la comisión logró el aval a esta nueva ley, que tendrá como prioridad la creación de centros de información, certificación y prevención del delito, además de nuevas reglas en la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de la Organización de las conferencias en las que trabajarán procuradores y secretarios de seguridad estatales, así como los directores de centros de prevención del delito.
La Comisión de Seguridad discutirá una larga lista de reservas al dictamen que se elaboró por un grupo de legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), con el objetivo de llevar esta nueva ley al pleno en la sesión de mañana.
Después de varios días de negociaciones, se avaló el dictamen que será discutido y aprobado en lo particular en las próximas horas y en donde se establece que será el Presidente de la República quien presidiría el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En la discusión en lo particular se abordará el tema de la base del sistema de datos criminalísticos y de personal del sistema de seguridad y algunas precisiones de técnica legislativa.
Se prevé que dicho consejo tendrá en sus atribuciones determinar los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal.
En el proyecto de dictamen se destaca que dicho consejo podrá resolver además "la cancelación de los recursos a las entidades federativas y a los municipios" en casos de incumplimiento de los convenios celebrados.
Dichas causales serán, entre otras, cuando los estados se abstengan de implementar el servicio telefónico nacional de emergencia y apliquen los recursos de seguridad pública a otros fines o bien establezcan un modelo policial distinto al acordado por el consejo.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública también podrá recomendar la remoción de los titulares de Seguridad Pública -federales y estatales- previa opinión justificada del Secretariado Ejecutivo de ese consejo.
Para aspirar a ser Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberán ser mexicanos por nacimiento, tener más de 30 años de edad, contar con título profesional de licenciatura, reconocida capacidad y probidad, y no haber sido sentenciado por delito doloso.
También se establecen sanciones que van de los tres a los 12 años de cárcel a funcionarios y policías que violenten esta nueva ley.
