La razón que más frecuentemente se invoca para explicar el escaso desarrollo del deporte en México, es la proliferación de organismos directrices y la multiplicidad de funciones que los mismos tienen, encimando funciones, encareciendo presupuestos y en ocasiones desatando verdaderas guerras por el poder.
El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) está compuesto por diversos organismos e instituciones públicas y privadas como son la Conade, la Confederación Deportiva Mexicana, el Comité Olímpico Mexicano así como los Órganos Estatales del Deporte y las Asociaciones Deportivas Nacionales, entre otras.
Obviamente esto es un merengue pues aunque la Ley del Deporte es vanguardista, al grado de ser copiada por legislaciones de otros países, ni Dios Padre con su inmenso poder y misericordia podría meter en cintura a tanta gente, con tantos intereses disímbolos y que lo único que los debería unir, el desarrollo del deporte, es precisamente lo que los separa.
A personajes de diversas características, a quienes por cierto la historia juzgará, como Mario Vázquez Raña, Alonso Pérez, Felipe “Tibio” Muñoz, Carlos Hermosillo y sus colaboradores, están los presidentes de federaciones y asociaciones, quienes, en su mayoría, integran una caterva de vividores, ignorantes, deshonestos y que se escudan en el voto libre y soberano de asambleas manipuladas y bajo el heroico argumento de ocupar cargos honoríficos.
Sin embargo, esta maraña de intereses creados se regula mediante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que es el órgano encargado de resolver las controversias que presenten los miembros del Sinade o demás participantes en la vida deportiva del país.
La tarea se antoja titánica pero la calidad moral y la estatura profesional de sus integrantes hacen suponer, fundadamente, que su funcionamiento no será un caudal de buenas intenciones, sino el de un verdadero árbitro, imparcial y honesto.
Integrada por abogados, todos ellos con estudios de posgrado, la Comisión vela por la legalidad y justicia en el deporte, elevando esta meta al rango de lema. A las dificultades inherentes a su labor debe sumarse la falta de difusión y la ignorancia que, principalmente los atletas, tienen en cuanto a la defensa de sus derechos compete. Es por ello que desde aquí exhorto a Vicente Toledo González, Javier Romo Michaud, Enrique Ornelas Soler, Fernando Ortiz Proal y Jesús Pedro Hernández Hernández a no desmayar, a contagiar de rectitud al contaminado medio deportivo nacional.
Ser juez significa, en el medio del deporte, estar en el centro mismo de la polémica, pero cuando se usa el conocimiento como arma y el reglamento como escudo, la validez de las decisiones se vuelve inobjetable, confiriendo a quien las toma, el merecido nombre de “árbitro justo”.
La injusticia y el capricho de los dirigentes dejarán de ser moneda de curso legal en la medida que los integrantes de la familia deportiva aprendan a sentir que no están solos y obtengan en la información las mejores herramientas para su defensa.
En eso radica, a mi entender, la importancia de esta Comisión.
