Un joven migrante mexicano, José Ernesto Medellín Rojas, pagó con su propia vida haber participado, en coautoría con cuatro jóvenes más, en un crimen de sexo y violencia contra dos jovencitas estadounidenses, menores de edad que fueron violadas, estupradas y asesinadas con saña en Houston, Texas. El occiso y sus cómplices fueron aprehendidos, sujetados a juicio bajo la ley tejana y condenados según su participación en el hecho.
Medellín, sin embargo, no recibió con la muerte una pena excepcional, sino la establecida en muchos códigos criminales, a pesar de que su juicio provocó la protesta extralógica de su país, cuyo código penal no consigna la muerte del homicida como vindicta jurídica; la alharaca casi patriótica suscitada en los medios e instituciones de derechos humanos y civiles conmovió al presidente de la República y movió a la secretaría de Relaciones Exteriores para presentar una protesta diplomática, en el intento de salvar de la muerte al confeso responsable con los precarios recursos legales disponibles. Una protesta póstuma sería enviada el martes por la noche al Departamento de Estado de Bush, “too leit”...
Sin embargo, la asistencia consular en la defensa jurídica del caso brilló por su ausencia en tiempo y forma. Un cónsul, me parece que el de Houston, afirmó en declaraciones periodísticas que los abogados del sentenciado no ocurrieron al Consulado cuando era oportuno.
Sobra decirlo: a Rick Perry, gobernador tejano, le llegaron la primera y la última de muchas peticiones de piedad; y al final el acuerdo postrero de la Corte Internacional de Justicia que fue enviado a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, la que la turnó al Gobierno de Texas donde fue desatendida.
Con elecciones presidenciales encima hubiera sido una torpeza del gobernador republicano otorgar el perdón a Medellín; así que el Gobierno del estado de Texas prefirió erogar en la ejecución un poco menos de 20 dólares, costo de las tres inyecciones mortíferas que fueron aplicadas al paisano José Ernesto Medellín Rojas; él murió poco después de la hora crepuscular el día 5 de agosto de 2008. El horror de los medios y de sus comentaristas, ante la ejecución del migrante, fue expresado también por funcionarios públicos y pronto se irá a desgranar en todo México, eso que algunos mexicanos somos: seres sentimentales y patéticos que intentaremos hacer víctima a un culpable y aún glorificarlo.
Cuando José Ernesto Medellín estaba en la antesala de la muerte en Huntsville, Texas, en la Ciudad de México, Distrito Federal, se gestaba otro terrible drama criminal: la familia Martí, muy reconocida en la capital federal, denunció angustiada y dolida el secuestro de su hijo, un adolescente de 14 años, ante la Procuraduría del Distrito Federal, este hecho concluyó en un cobarde asesinato ejecutado por los secuestradores: cobraron el rescate convenido y abandonaron el cuerpo del niño Martí, ya sin vida, en la cajuela de un automóvil. ¡Cuánta cobardía!
Una muerte junto a otra, ambas espantosas a inexplicables, como todas las muertes que suelen darse entre humanos... Uno tras otro, dos crímenes que horrorizan: ¿Alguien podrá aceptar que la sentencia judicial cumplida en el cuerpo de Medellín fue una venganza legítima de la sociedad ante la comisión de su crimen? ¿Quién, ante la muerte del niño Martí, no se prende y enciende en justa cólera para demandar la aplicación de la pena de muerte a los secuestradores?
Y no obstante las sociedades avanzadas penan a los homicidas a través de sus códigos. Y los criminales secuestran y asesinan con frecuencia. “Sin avisarnos –decía Moliére– la muerte nos aterroriza, siempre dispuesta para el mal. Es una fiera que no escucha la súplica de nadie”.
Cuando suceden dichos crímenes, los legales y los punibles, todos nos indignamos, incluidas las autoridades que tienen muy hecha una frase ante estos casos: “Perseguiremos a los responsables y serán castigados con toda la fuerza de la ley”. Los organismos ciudadanos afirmarán por su parte, envueltos en santa indignación: “Convocaremos a una marcha multitudinaria y silenciosa para exigir el castigo de los delincuentes”. Los medios de comunicación editorializarán: “Es necesario que las cuerpos de seguridad actúen en forma coordinada”.
Pero van a pasar los días y quienes han sufrido en carne viva el dolor moral de sus pérdidas sentirán que el tiempo los cura y sobreviene la santa resignación; las autoridades, obviamente, no encontrarán a los responsables y las leyes exhibirán sus debilidades; la sociedad va a enfrentar nuevos retos y otras flagrancias delictuosas, así que archivará las anteriores, mientras que los dirigentes políticos ni se coordinarán ni actuarán, ocupados con sus ambiciones sólo tienen ojos para el futuro electoral. Así es la vida... así la muerte.
