El delegado de la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila, Fernando Olivas Jurado, informó que van a atender la recomendación que les hizo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) la semana pasada.
El titular de la Delegación Laguna II, comentó que todavía no conoce a detalle la recomendación, porque la Comisión se la hace llegar directamente al procurador de Justicia, Jesús Torres Charles y esperan que el documento se remita a esta dependencia.
“A nosotros no nos han notificado, pero seguramente se la entregaron al procurador, pero estamos en la mejor disposición de atender la recomendación de Derechos Humanos”, dijo.
Como se informó en ediciones anteriores, la CDHEC emitió la recomendación 006/2008, dirigida al procurador general de Justicia del Estado, Jesús Torres Charles, por actos violatorios de derechos humanos atribuidos a dos elementos de la Policía Ministerial de este municipio.
Esta recomendación se derivó de la queja que presentaron Juan Solís Ramírez, y sus hijos Juan José, José Luis, Reina Guadalupe y Catarino, todos de apellidos Solís Palacios, además Dora Angélica López de los Santos.
Estas personas denunciaron que fueron detenidas arbitrariamente por los policías ministeriales, para que declararan ante el agente investigador del Ministerio Público en relación a un robo, pero ellos consideran que su detención fue arbitraria porque los policías no tenían una orden expedida por autoridad competente, ni los detuvieron en flagrante delito, por lo que su privación de la libertad resultó violatoria de sus derechos humanos, al no reunir los requisitos exigidos por la Constitución de la República.
También se quejaron porque aseguran que durante su detención los amenazaron para que aceptaran su participación en el delito y mientras estaban recluidos en los separos de la Policía Ministerial, los agentes se introdujeron a su domicilio sin contar con orden de cateo y sin permiso de ninguna persona, con el pretexto de que estaban buscando los objetos que presuntamente habían robado los detenidos, lo que violenta el derecho de privacidad e intimidad y la inviolabilidad del domicilio.
Ante estos señalamientos la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendó al procurador de Justicia que se instruya un procedimiento administrativo disciplinario en contra de los agentes, para que se les aplique la sanción que en derecho proceda. También recomienda que se le dé vista al Ministerio Público para que inicie la averiguación previa penal que corresponda, y en el supuesto de que encuentre indicios constitutivos de delito, se ejercite acción penal por los delitos en que pudieron haber incurrido.
