La reforma al sistema de justicia penal, que se discute en la Cámara de Diputados, viola los derechos humanos, permite la corrupción y genera prácticas que podrían convertirse en obstáculos de acceso a la justicia, consideró la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Aunque reconoció los esfuerzos del Estado para avanzar en la materia, el organismo, que preside Emilio Álvarez Icaza, indicó que aquellas personas que serán procesadas o sentenciadas por delincuencia organizada, podrían ser objeto de "excepciones injustificables", como el arraigo.
"Esta figura contradice las mejores prácticas en materia de derechos humanos en lo que a seguridad pública y procuración de justicia concierne", comunicó la Comisión local.
La CDHDF, agregó, que no acompaña esa medida porque, en el mejor estilo inquisitorial, se da un giro a la investigación del delito otorgando aval constitucional para privar de la libertad a una persona mientras es investigada, antes de que se determine su responsabilidad.
Expresó su preocupación de que la policía pueda ingresar a domicilios particulares sin órdenes previas, porque nada garantiza la protección de posibles víctimas ante abusos que puedan derivar de esta práctica.
