Aspecto de la calle Belisario Domínguez donde se ubicaban inmuebles históricos que fueron derrumbados por particulares sin el permiso del INAH y del Municipio de León. (El Universal)
El presidente Felipe Calderón y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, fueron exhortados por la Cámara de Senadores para que informen la situación que guardan varios inmuebles del Centro Histórico de la Ciudad de México, considerados monumentos históricos y que han sido demolidos para reubicar a los vendedores ambulantes.
El punto de acuerdo fue presentado por la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María Rojo, a través de las comisiones de Cultura y Distrito Federal, y aprobado en votación económica durante la sesión del pasado jueves.
En la discusión intervinieron los senadores Federico Döring, Pablo Gómez, Alberto Villarreal, Ricardo Monreal y Graco Ramírez, quienes coincidieron en la necesidad de conservar el patrimonio histórico.
Con motivo de las denuncias de arqueólogos, historiadores y urbanistas por la demolición de 14 inmuebles del Centro Histórico (dos que por su valor patrimonial estaban protegidos por la ley), para crear centros comerciales donde se reubicaría a los vendedores ambulantes que fueron retirados de la vía pública, los legisladores se pronunciaron en favor de fincar responsabilidades penales a los responsables.
“Creo en la política de reubicar al comercio informal de la ciudad, pero también creo que es un error garrafal confundir un inmueble histórico con un puesto semifijo o fijo de comercio informal. Alguien va a tener que responder en la administración local, y quizá hasta por la vía penal, por esta barbaridad”, dijo Federico Döring, de Acción Nacional (PAN).
En 1987, la UNESCO declaró al Centro Histórico de la ciudad de México como Patrimonio Cultural de la Humanidad, con el antecedente de que en 1980, el titular del Ejecutivo publicó un decreto mediante el cual se le reconoce a dicha zona dos perímetros que incluyen 9.1 kilómetros cuadrados en el que se encuentran mil 427 inmuebles considerados monumentos históricos.
Entre los inmuebles considerados como monumento histórico que fueron demolidos está el ubicado en la calle de Regina 97, conocido como Casa de los Camilos o de las Calderas, construido entre el siglo XVIII y el XIX.
Otros edificios derruidos fueron los ubicados en los números 93 y 95 de la calle República de Argentina, los de Meave 9, 9-A, 11, 11-A y 13, 13-A, los de República de Argentina 75, Manzanares 18, República de El Salvador 184, Plaza del Estudiante 20 y Mesones 27, entre otros.
“Sería oportuno presionar a las autoridades competentes para hacer un esfuerzo mayor en la lucha por la preservación del patrimonio arquitectónico-histórico, y algo más importante que se tiene que discutir son los esquemas de financiamiento para la rehabilitación de las partes más deterioradas y para la concurrencia entre las autoridades locales y federales y los particulares, dueños de estos inmuebles”, señaló el senador perredista Pablo Gómez.
TAMBIÉN EN GUANAJUATO
Los ruidos nocturnos comenzaron a finales del año pasado. Motores de camiones, golpes sobre la piedra, gente trabajando, invadieron el sueño de los vecinos del centro histórico de León, Guanajuato. No tardaron mucho en percatarse de que el origen de los sonidos provenían de un par de inmuebles históricos ubicados en los números 208 de la calle 5 de mayo, y 103, 105, 107 y 109 de Belisario Domínguez. El par de monumentos —propiedad de particulares— estaban siendo intervenidos.
Tres meses después los inmuebles ya no existen. Fueron derrumbados sin los permisos del INAH y del Municipio de León, instancias, que no obstante, estaban informadas de las obras. Los vecinos avisaron tanto a la presidencia municipal de León como al Centro INAH Guanajuato, pero la acción del instituto se limitó a poner sellos de clausura, los cuales fueron violados.
La lentitud y la tibieza que varios expertos achacaron al INAH ante el derribo de 14 inmuebles históricos en el Centro Histórico del Distrito Federal entre septiembre y octubre del año pasado se hacen patentes en esta ocasión en la ciudad de León. La indiferencia con que el Gobierno del DF presenció el derribo del patrimonio se contagió al gobierno municipal de León. El diagnóstico del historiador Felipe Echenique, quien hace unas semanas visitó León para comprobar los daños, es que en el país hay una epidemia que atenta contra el patrimonio.
INAH niega acuerdos oficiales para restituir patrimonio histórico
El coordinador de Difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Benito Taibo, negó que existan acuerdos oficiales con las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF) para reconstruir el inmueble de Regina 97 y convertirlo en centro cultural, luego de que lo demolieron sin permiso para reubicar a vendedores ambulantes.
El pasado fin de semana, el titular de la Secretaría de Obras del Distrito Federal, Jorge Arganis, anunció que habían acordado con el INAH llevar a cabo un proyecto arquitectónico para restituir la fachada y el edificio de Regina 97, así como para restaurar el ex Convento de la Merced y el ex Templo de Jesús María, ubicado en la zona oriente del Centro Histórico.
Benito Taibo lamentó que el INAH deba enterarse de las propuestas del GDF a través de los medios informativos, a pesar de que permanente hay mesas de trabajo entre el personal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, y el gobierno capitalino. “Todavía no hay acuerdos. Existe la voluntad de diálogo y se está hablando para ver cuáles van a ser las mejores soluciones que se puedan tomar por el bien del patrimonio cultural, pero no se han hecho ningunos acuerdos oficiales al respecto”.
El funcionario señaló que una vez que las autoridades del GDF presenten las propuestas de restauración, éstas serán sometidas a la revisión de un consejo externo de monumentos históricos, el cual estará integrado por especialistas que decidirán cuál es el mejor destino para estos inmuebles.
Por la demolición del edificio de Regina 97, junto con otros 18 inmuebles catalogados como monumento histórico, el INAH presentó una denuncia penal contra la administración capitalina, ante la Procuraduría General de la República (PGR), en noviembre del año pasado.
Al respecto, Taibo aclaró que el INAH no hará acuerdos extrajudiciales con el GDF. “Las denuncias seguirán su curso. Nosotros no podemos desistirnos de estas denuncias y serán los jueces quienes determinen las penas impuestas por la destrucción del patrimonio histórico”.
—¿Entonces para que servirían los acuerdos a los que se pudiera llegar en las mesas de trabajo?
— Servirían para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder, para dejar bien sentadas las bases de lo que es la lógica de los centros históricos en todo el país.
