Los empresarios, representados principalmente por el Consejo Coordinador Empresarial, así como el grupo de “intelectuales”, integrado, entre otros, por Héctor Aguilar Camín, Isabel Turrent, Ángeles Mastreta, Federico Reyes Heroles, Leo Zuckerman, Luis Rubio, Luis de la Barreda, Sergio Sarmiento y Gerardo Estrada, impugnan, en esencia, la reforma.
En 41 juicios de amparo señalan que se atenta contra la libertad de expresión.
La Corte atrajo los 41 juicios de amparo que promovieron diversos grupos de empresarios e intelectuales en contra de la reforma a la Constitución en materia electoral, que aseguran, atenta, principalmente, contra su libertad de expresión.
Como se adelantó en este espacio, esta será la tercera ocasión en la que el máximo tribunal analizará, desde otro ángulo, la reforma electoral aprobada el año pasado.
El máximo tribunal ya desechó y declaró infundados los juicios de acciones de inconstitucionalidad que promovieron los llamados partidos chicos en contra de la reforma constitucional y de la posterior modificación que se le hizo al código electoral, para dejarlo acorde con los nuevos lineamientos establecidos en la carta magna en materia electoral.
Ahora, al atraer dichos juicios, la Corte nuevamente tratará el tema de la reforma electoral. Pero el hecho de que haya atraído los juicios, por su relevancia e importancia, no garantiza que al final les vaya a conceder la razón y anular la reforma.
Por el contrario, para que prosperen los juicios de amparo, todavía tienen que salvar diversos obstáculos. El primero de ellos, y el más importante, es que, de entrada, los ministros tendrán que decidir si es posible impugnar el proceso de reforma a la Constitución mediante un juicio de amparo.
Y sólo si deciden que esto es posible procederán a revisar si el Congreso de la Unión y los congresos de los estados violaron o no las reglas que se deben seguir para reformar la Carta Magna.
Plantean reducir a 400 el número de diputados
La fracción legislativa del Partido Acción Nacional (PAN) en la Comisión Permanente propuso reformas constitucionales para reducir a 400 el número integrantes de la Cámara de Diputados y a 112 los del Senado de la República.
De igual manera, planteó la reelección de diputados y senadores por dos periodos sucesivos y un periodo inmediato, respectivamente.
Al presentar la iniciativa, la senadora Beatriz Zavala afirmó que “se busca cambiar las formas de acceso al Poder Legislativo y abordar el ejercicio de la función parlamentaria, así como las relaciones entre gobernantes y gobernados” .
Indicó que la Cámara de Diputados estaría integrada por 400 legisladores en lugar de los 500 actuales, de los cuales 300 serían de mayoría y 100 de representación proporcional.
A su vez, la Cámara Alta en lugar de los 128 actuales tendría 112 integrantes, de los cuales 96 corresponderían a dos por cada estado y dos por el Distrito Federal, de mayoría relativa, más uno por cada estado asignado a la primera mayoría.
De igual manera, 16 senadores más serían elegidos por representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional.
Zavala Peniche detalló que también se propone que los diputados y senadores puedan ser reelectos de manera consecutiva; los primeros por dos periodos sucesivos, y los segundos para un periodo inmediato.
La reelección de los legisladores estimularía la rendición de cuentas, además de aprovechar su experiencia, lo que disminuiría los costos de campaña, subrayó la senadora por Yucatán.
La iniciativa del PAN fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado para su análisis.
Contra Ley electoral
Los empresarios, representados principalmente por el Consejo Coordinador Empresarial, así como el grupo de intelectuales, integrado, entre otros, por Héctor Aguilar Camín, Isabel Turrent, Ángeles Mastreta, Federico Reyes Heroles, Leo Zuckerman, Luis Rubio, Luis de la Barreda, Sergio Sarmiento y Gerardo Estrada, impugnan, en esencia, la reforma porque consideran que:
■ El proceso legislativo no cumple con lo establecido al respecto en la propia Carta Magna, ya que las Cámaras indebidamente realizaron la discusión y aprobación de la iniciativa en forma separada.
■ Además, el Congreso de la Unión omitió hacer el cómputo de los votos de las Legislaturas de los
Estados y, tomar en cuenta a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
■ Viola su garantía de libertad de expresión al privarlos del derecho que tienen a la libertad en materia política, pues se restringe la misma al no permitir la libre y recta expresión de sus ideas en cuestiones electorales. Ello en virtud de que las personas ajenas a los partidos políticos no tendrían derecho a contratar propaganda en radio y televisión para manifestar sus ideas e influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.
■ Asimismo, porque limita dicha libertad al prohibir la propaganda de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.
■ Priva a las asociaciones constituidas pacífica y libremente, del derecho para formar parte en los asuntos
políticos del país, al no poder acudir ante la SCJN a denunciar algún hecho o hechos que constituyan violación del voto público en aquellos casos en los que existan elementos para considerar que debe ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección.
