El Gobierno de Estados Unidos anunció ayer que aumentará en 25% las multas contra los patrones que contraten a inmigrantes ilegales en lo que representa el primer aumento en casi una década.
Las multas para los empleadores que deliberadamente contraten a empleados ilegales irán de los 275 dólares a los 11 mil dólares.
“La aplicación de la Ley en los lugares de trabajo y en el interior es un elemento crítico para enfrentar el asunto de la inmigración ilegal”, comentó el secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff, en una conferencia de prensa.
Los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior también están trabajando en un plan para aumentar los cargos delictivos contra los patrones que violen flagrantemente la Ley”, declaró Chertoff. El fiscal general, Michael Mukasey, también participó en el evento. Esta medida es parte de un amplio esfuerzo por combatir la inmigración ilegal, e incluye la intensificación de las redadas a negocios y la construcción de bardas y otras barreras a lo largo de la frontera Norte con México.
La Administración sostiene que estas medidas son necesarias en respuesta al fracaso congresional para aprobar una “reforma migratoria integral” que le hubiera dado a los inmigrantes una vía para obtener la ciudadanía además de que hubiera creado un amplio programa de trabajadores huésped.
Las medidas de aplicación de la Ley han generado críticas entre defensores de la inmigración, sindicatos y grupos empresariales. Mientras que algunos conservadores y grupos que apoyan un mayor control y vigilancia aplaudieron los esfuerzos.
Asimismo, Chertoff anunció ayer que el Gobierno emitió su aprobación final para una valla electrónica de 45 kilómetros a lo largo de la frontera Arizona-México la cual incluirá un radar, cámaras y equipo de comunicaciones para ayudar a atrapar a aquellos que crucen la frontera de manera ilegal.
“El objetivo es adaptar una mezcla precisa de tecnología e infraestructura para cubrir las necesidades de cada parte de la frontera”.
El proyecto de la “valla virtual”, llamado P28, fue aplazado debido a varios problemas, incluyendo fallas técnicas que provocaron que el departamento de Seguridad Interior amenazara con dejar de pagarle a Boeing, el contratista, hasta que no fueran resueltas.
Chertoff aseguró que los problemas habían sido resueltos.
“Enviaron un nuevo equipo y cambiaron algunos de los componentes y elementos básicos del sistema”, aseguró.
Chertoff también mencionó que varios terratenientes a lo largo de la frontera Estados Unidos-México se niegan a permitir que los oficiales federales construyan un muro fronterizo en sus propiedades.
“Respeto la propiedad privada. Pero no es posible que la seguridad fronteriza y nacional se convierta en un asunto de decisión individual para cada propietario”, declaró.
“‘No me importa el tráfico de drogas y de seres humanos, lo que me interesa es que mi vista hacia el río no sea obstruida’, no es una respuesta aceptable por parte de los dueños de las tierras a lo largo de la frontera”, agregó.
