Las agresiones, homicidios y desapariciones de quienes ejercen la labor periodística presenta un incremento generalizado en México y en los últimos 17 años se han documentado 652 violaciones de derechos humanos de los comunicadores, 41 muertes y 8 desapariciones de trabajadores de medios, convirtiéndola en una “profesión de alto riesgo”.
Ante tal situación la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación por lo que llama el “incremento generalizado de agresiones” en contra de los periodistas, no sólo por las agresiones sino también por “la impunidad imperante para castigar tales ilícitos”, señaló el organismo.
Además de considerar “alarmante” la cantidad de ocasiones en que la autoridad ha actuado débilmente, sin compromiso, omisa frente a su responsabilidad de investigar y de procurar justicia.
“Es deber del Estado Mexicano erradicar la impunidad de quienes atentan contra la libertad de expresión. Lograrlo no sólo desalentará la comisión de delitos en perjuicio de los periodistas sino que abrirá espacios para la construcción de una sociedad mejor informada y por lo tanto más libre, participativa y democrática”, señala el documento.
Entre 2000 y 2008 la CNDH “ha radicado expedientes relacionados con la muerte de 41 periodistas o trabajadores de los medios de comunicación, asesinados, presumiblemente, por razón de su trabajo”, dio a conocer a través de un comunicado.
También refiere que de 2005 a 2008 se ha documentado la desaparición de 8 periodistas y la tendencia de presentación de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos muestra una tendencia a la alta.
En 2005 se radicaron 43 expedientes; en 2006, 72: en 2007, 84, y en lo que va de 2008 la cifra es de 41.
De 1991 a 1999 se abrieron 232 expedientes de queja, en tanto que de 2000 a 2008 los casos conocidos por la Comisión Nacional suman 420, es decir, en los nueve años recientes se ha registrado 81 por ciento más de casos que en los primeros años.
Así, el promedio anual de quejas por agravios a periodistas de 1991 a 1999 fue de 25, en tanto que de 2000 a 2008 el promedio es de 46.
Entre las autoridades señaladas con mayor frecuencia como presuntamente responsables, sobresalen las dedicadas a la prevención del delito y a la procuración de justicia.
