Las familias de los periodistas asesinados podrán solicitar al Ejecutivo una pensión vitalicia.
El Congreso del Estado resolvió por unanimidad que el asesinato de periodistas en Coahuila se establezca en el Código Penal como delito grave, donde el inculpado no tenga derecho a libertad bajo fianza y pueda ser condenado a cárcel hasta por 60 años.
Además, los legisladores locales modificaron la Ley de Asistencia Social de la entidad para conseguir que los dependientes económicos de los periodistas asesinados con motivos de su función, reciban pensión vitalicia del Gobierno Estatal.
La propuesta aprobada, que present ó el diputado José Ignacio Máynez Varela, señala que el homicidio contra periodistas por razón misma de la función, pasa a formar parte del listado de delitos graves cuya pena máxima es de 60 años de prisión.
También incorpora como beneficiarios sociales de la Ley de Asistencia Social del Estado a los dependientes de una persona que haya sido asesinada en función de su actividad dentro del periodismo Ž, como es el caso del cónyuge, concubino o compañero civilŽ del afectado así como los descendientes, quienes podrán solicitar al Ejecutivo una pensi ónŽ de carácter vitalicio.
Consultados sobre el tema, reporteros coahuilenses avalan la medida, aunque consideran que el castigar con energía el asesinato de informadores no garantiza el cese de las agresiones.
La penalización del homicidio contra periodistas es positiva, pero no se traduce en que haya garantías para el ejercicio periodístico, que es lo que debe fomentarse Ž y citó como ejemplo la operación de una fiscalía especial de la PGR para investigar las agresiones contra periodistas cuya operación no se traduce en la disminución de periodistas desparecidos o asesinados en el país, lo que para mí significa que aunque se endurezcan las leyes no se crea un clima de seguridad propio para el desarrollo de nuestro trabajoŽ, estimó Camelia Muñoz, reportera de la agencia Infonor.
