La Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) aprobó una propuesta para que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pueda ser sujeto a juicio político.
También planteó que tenga derecho a gozar del fuero constitucional en caso de que se pretendiera proceder penalmente en su contra ante el supuesto de que cometiera delitos durante su gestión. Ricardo Sepúlveda, secretario técnico adjunto de la CENCA, indicó que el propósito de esta propuesta es que el Ombudsman pueda tener el mismo tratamiento que el resto de los servidores públicos, porque en la actualidad está en un régimen de excepción.
Otras propuestas en la materia que serán sometidas a consideración de los legisladores es el otorgamiento de autonomía constitucional a las comisiones estatales de derechos humanos, así como el otorgarles a la CNDH y a los organismos locales la facultad para que puedan conocer sobre asuntos laborales y electorales, aunque explicó que en este último punto no hay unanimidad, pues se argumenta que ya existe el Tribunal Electoral para resolver impugnaciones.
La CENCA también propuso dar facultades a las comisiones de derechos humanos para que conozcan de las violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares con la tolerancia o anuencia de alguna autoridad o servidor público. En la actualidad sólo pueden intervenir en asuntos donde estén implicados de manera directa servidores públicos.
Ayer concluyó su labor, con la presentación de 92 propuestas de reforma constitucional y 19 iniciativas, de las cuales 10 están relacionadas con el tema de las garantías sociales.
En la propuesta sobre garantías sociales se somete a consideración de los legisladores una reforma al título y Artículo primeros de la Constitución para que en lugar de llamarse “De las garantías individuales” se establezca el concepto “De los derechos humanos”.
Mientras que en el Artículo 102, se propone adicionar un párrafo sobre el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH, según la cual “Cuando las recomendaciones emitidas por la CNDH no sean acatadas por las autoridades o servidores públicos federales, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a su juicio, podrá llamar a las autoridades o servidores públicos involucrados para que comparezcan, a efecto de que expliquen su negativa”.
