La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró valido el nuevo impuesto que creó el Congreso de la Unión y que tienen que pagar todos los consumidores de gasolina y diesel desde enero del presente año.
Y, al mismo tiempo, eliminó los candados que impedían a los estados, el Distrito Federal y los municipios gastar libremente el dinero que recibieran por este concepto.
Los ministros del máximo tribunal validaron prácticamente en su totalidad la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en la que se incluyó el llamado “gasolinazo”, que aprobó el año pasado una mayoría de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI).
El Pleno del alto tribunal sólo declaró inconstitucional dos puntos de la Ley.
En primero lugar, los ministros del máximo tribunal del país declararon inconstitucional el apartado de la reforma en el que se establece que los recursos que reciban “deberán destinarse exclusivamente a infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura hidráulica; movilidad urbana, y por lo menos 12.5 por ciento a programas para la protección y conservación del medio ambiente”.
Con esta medida la Corte dejó libre el camino para que los estados, el Distrito Federal y los municipios decidan a qué rubros destinarán el dinero que reciban por este concepto.
Y en segundo terminó los ministros también anularon la facultad que se le otorgó a los estados para cobrar el impuesto a la gasolina. En la práctica dicha disposición no se ha empleado, pero fue incluida en la Ley, pese a que la Constitución es muy clara al señalar que el cobro de estos impuestos sólo le corresponde a la Federación.
La Corte se pronunció sobre estos temas al revisar el juicio que promovió una minoría de 170 diputados –del PRD, Convergencia, PT, PVEM, Nueva Alianza, Alternativa y algunos del PRI- en contra del impuesto de 36 centavos a la gasolina que se comenzó a cobrar de manera gradual, a través de un incremento de 2 centavos cada mes.
El Congreso de la Unión, con la mayoría de diputados del PAN y del PRI aprobaron dicho impuesto para recaudar más de 22 mil millones de pesos que se destinarían en 80% a los estados y en 20% a los municipios.
Los diputados que impugnaron el llamado “gasolinazo” argumentaron ante la Corte que dicha disposición atentaba contra diversos preceptos protegidos por la Constitución.
Pero los ministros de la Corte no les concedieron la razón más que en los dos puntos antes mencionados, por lo que el impuesto que pagan los consumidores de gasolina y diesel seguirá vigente e incrementándose cada mes.
