Avalan diputados multa por uso indebido del genoma humano
Sancionarán hasta 800 mil pesos a investigadores o laboratorios que hagan mal uso del genoma.
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que sienta las bases para la investigación del genoma humano en México y sanciona con hasta 800 mil pesos a investigadores o laboratorios que hagan mal uso del mismo.
La reforma a la Ley General de Salud establece un marco jurídico que aporta una definición de genoma humano, lo considera materia de salubridad general y sienta las bases tanto para su investigación como para sancionar prácticas indebidas.
El dictamen fue turnado a la Comisión de Ciencia y Tecnología y podría ser dictaminado en los próximos días para su resolución final; prevé proteger los datos genéticos de cada individuo, pues se podría violar su intimidad y afectar el entorno familiar, educativo, laboral y de salud.
Por ello, se requiere que dentro de la Ley se otorgue el derecho a todo individuo a decidir, incluso por terceras personas legalmente autorizadas, a que se les informe o no de los resultados de su examen genético y sus consecuencias.
Resulta primordial, destaca el dictamen, respetar los derechos de cada persona, al tiempo que avanza el conocimiento científico del genoma y sus aplicaciones en la medicina.
Se debe prohibir toda forma de discriminación a causa del patrimonio genético y proteger la dignidad e identidad de cada individuo, así como resguardar sus derechos y libertades fundamentales respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina.
Advirtió que de no existir un marco jurídico preciso se corre el riesgo de que se busquen formas indebidas de lucro con descubrimientos científicos que pueden ser de utilidad para la sociedad.
En el documento se detalla la urgencia de crear un marco normativo coherente que resguarde la concesión de patentes sobre ADN, que estimule el progreso científico y económico.
También plantea una multa para quien infrinja las regulaciones, que puede ser de entre 12 mil y 16 mil salarios mínimos -600 mil pesos y 800 mil pesos-, así como la inhabilitación de siete a 10 años en el desempeño de empleo, profesión o cargo público.
