EPR señala que comunicarán su accionar en cualquier lugar de la República mexicana, para evitar pérdidas humanas, ya que si las existieran serían responsabilidad del gobierno. (Archivo)
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) emitió su primer comunicado del 2008, en el que le anuncia al gobierno federal que seguirá adelante con acciones militares, pero que ahora avisará con anticipación suficiente para evitar que haya víctimas inocentes de sus actos.
En su texto de siete cuartillas, el EPR señala que “comunicamos a nuestro pueblo que al accionar en cualquier lugar de la República mexicana, momentos antes el gobierno sabrá de nuestra acción para evitar pérdidas humanas, ya que si las existieran serían responsabilidad del gobierno.”
El Comité Central del Partido Popular Democrático Revolucionario-EPR (PDPR-EPR) mantiene su exigencia de que sean presentados con vida y liberados sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, así como Francisco Paredes Ruiz, ex integrante de la guerrilla urbana de los años setentas en el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR).
El EPR establece cuatro puntos a cumplir por parte del Gobierno federal:
El primero, denunciar la desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos por sus agentes federales y por extensión de José Francisco Paredes Ruiz.
Segundo, exigir su presentación con vida y en libertad.
En tercer lugar, para que cese la impunidad con la que su gobierno, haciendo “uso legítimo de la fuerza”, viola constantemente los derechos humanos de luchadores sociales.
Y por último, para que por medio de una Ley de amnistía se liberen a “todas y todos los presos políticos y de conciencia del país.”
Los eperristas critican, entre otras cosas, la reforma judicial aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores, señalando que se trata de un “enorme retroceso” dirigido en realidad a atacar a los luchadores sociales y a los movimientos en beneficio del pueblo.
El comunicado establece que “la Ley contra la delincuencia organizada del actual estado de derecho es una ley que incluye la protesta social en la categoría de delincuencia organizada”.
“Como consecuencia, los luchadores sociales son tratados como delincuentes del crimen organizado, porque los delitos que se les imputan son delitos del fuero común tratando de desvirtuar su participación en la protesta social, y el Estado usa la violencia legitimizado por esta ley”.
Sobre la reforma judicial, establecen que “lo único que intenta es legalizar todas las violaciones que se continúan cometiendo, sobre todo en contra de los luchadores sociales, al criminalizar la protesta social anula de facto los derechos plasmados en nuestra Constitución, al intentar legitimar acciones policiaco-militares que violan flagrantemente los derechos constitucionales”.
El EPR enfatiza el hecho de que su organización no es parte de la delincuencia organizada.
“Somos revolucionarios, luchadores sociales que ante la actitud irracional de este gobierno que continuamente está violando nuestros derechos nos da el legítimo derecho de las acciones de autodefensa”.
En el comunicado, la comandancia eperrista se solidariza con la periodista Carmen Aristegui, sobre quien dicen que también vive una guerra sucia en forma de “censura”.
